EL delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y el máximo responsable de la Guardia Civil en Melilla, el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, acudirán dentro de diez días al juzgado para aclarar cómo se llevó a cabo la expulsión de una veintena de inmigrantes hace ahora un año. El titular del juzgado de Instrucción número 5 quiere conocer los ‘argumentos’ legales en los que se basó la decisión de devolver a Marruecos a estos subsaharianos que entraron en Melilla a través de las fronteras de Beni Enzar y Farhana en ‘coches kamikazes’.
El principal partido de la oposición, CpM, y la ONG Prodein han presentado una querella criminal contra ambos por la supuesta expulsión irregular de estos inmigrantes.
La declaración de El Barkani y Martín Villaseñor debe servir para dejar claro de una vez por todas hasta dónde es posible llegar con el protocolo de devolución previsto en el acuerdo internacional hispano marroquí, que entró en vigor en diciembre de 2012, veinte años después de su firma, y si éste ‘colisiona’ con los derechos que asisten a los inmigrantes en la Ley de Extranjería actualmente vigente.
Son explicaciones que los agentes de la Benemérita, a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), llevan meses pidiendo tanto a El Barkani como a Martín Villaseñor. La respuesta del primero ha sido siempre una insistente negativa a facilitarles un protocolo de actuación y la del segundo, el habitual silencio con el que el máximo responsable de la Benemérita contesta a cada cuestión que se le plantea. Dentro de diez días, el próximo 25 de febrero, no valdrá ante el juez ninguna de estas contestaciones. Las explicaciones de ambos y la decisión que adopte el juez tras escuchar sus testimonios serán esclarecedoras para los agentes de la Guardia Civil, que con frecuencia se enfrentan al dilema de desobedecer la orden de un superior o cumplir un mandato sobre el que en ocasiones pueden surgir dudas acerca de su legalidad. Los guardias se encuentran a veces en la encrucijada de verse inmersos en un expediente disciplinario o correr el riesgo de tener que rendir cuentas ante un juez.
La decisión que tome el titular del Juzgado de Instrucción número 5 servirá para arrojar algo de luz sobre un asunto que a estas alturas y con la presión migratoria que sufre nuestra ciudad debería estar ya meridianamente claro. Un protocolo de actuación como el que reclaman los agentes, con el respaldo de los asesores jurídicos de la Benemérita y la supervisión de los expertos del Ministerio, sería una poderosa ‘arma’ para enfrentarse a situaciones como las que van a tener que vivir dentro de unos días el delegado del Gobierno y el máximo responsable de la Comandancia de la Guardia Civil. Es muy probable que ambos actuaran convencidos de la legalidad de su decisión cuando decidieron expulsar a los inmigrantes llegados en ‘coches kamikazes’. Ahora sólo falta que el juez también lo vea así, para lo que deberán aportar suficientes argumentos jurídicos.
