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El coloquio organizado por el Colegio de Abogados y la UNED certifica las distancias que separan a los grandes partidos en torno a los profundos cambios que se avecinan en la Justicia.
Alinear en torno a una misma mesa a representantes de partidos políticos que suelen defender posiciones enfrentadas suele ser garantía de un vivo debate. Si el objeto del mismo son las reformas que el Gobierno está emprendiendo en el ámbito judicial, con rebelión de buena parte del gremio contra los objetivos diseñados desde Madrid por Ruiz Gallardón, el interés se multiplica. Fomentarlo era lo que pretendían, y consiguieron, el Colegio de Abogados de Melilla y la UNED con la organización de la jornada ‘Reformas legislativas en materia de Justicia’, que en su primer coloquio puso sobre la arena las ópticas dispares que sobre las mismas proyectan los senadores y portavoces de PP, PSOE y PNV en la Comisión de Justicia. Como moderador y anfitrión, Blas Jesús Imbroda, decano del Colegio de Abogados de Melilla.
Coincidencia en el punto de partida, la necesidad de acometer modificaciones en un cuerpo legislativo que ofrecía síntomas de agotamiento, pero distancias siderales cuando el bisturí disecciona a fondo la iniciativa del Gobierno. Así, lo que Manuel Altava (PP) celebró como “iniciativas para un cambio profundo del modelo existente” era rebatido por Arcadio Díaz Tejera como “no una reforma, sino una contrarreforma”. Y, por ejemplo, las medidas introducidas en la nueva Ley de Demarcación y Marca Judicial, que extinguirá los antiguos partidos judiciales y unificará tribunales en capitales de provincia, oscilaron entre el criterio de “racionalización” del primero y “el grave error porque obligará a desplazamientos de población y contribuirá a desertizar el ámbito rural” que intuía el segundo.
Pese a la disparidad de balances que aportaron los representantes de los dos grandes partidos, los tres integrantes del coloquio coincidieron en un punto: intentar forzar la maquinaria parlamentaria para alcanzar el mayor grado posible de consenso en la reforma. Bildarrats reclamó también, “desde una óptica nacionalista”, que los nuevos cuerpos legislativos se guíen por la “descentralización, la rapidez en la resolución de los casos y la independencia”.
Entre la discusión, el ‘ingrediente’ estrella: cómo afectará la reforma del CGPJ a la elección de sus miembros. Altava alabó que “ahora cualquier miembro de la carrera judicial pueda optar a un puesto de vocal con sólo 20 avales”, frente al argumento de Díaz y Bildarrats, que alertaron de que la figura de los nuevos integrantes con dedicación no exclusiva, que compaginarán su pertenencia al máximo órgano de gobierno con sus tareas particulares, será un fracaso porque atenta contra la especialización que el cargo precisa. “El próximo Consejo estará lleno de gente puesta por la derecha. Los otros no se van a enterar de nada porque irán sólo una vez al mes. Pero claro, hay jueces que molestan, los que por ejemplo se atreven a meter en la cárcel a los delincuentes financieros, y ésos estorban. Prefieren a los que están más guapos y calladitos”, denunció Díaz. “Pues parece que en Sevilla también estorba alguna magistrada”, replicó Altava en clara referencia a la juez Alaya y los polémicos ERE.
Del resto de reproches, el senador del PNV expuso lo que a su juicio ha sido “más una imposición por el rodillo que una negociación”, mientras que su compañero en la Cámara Alta por el PSOE protestó por “la privatización de la Justicia”, apuntando al nuevo sistema de tasas, “que hace que la Justicia se convierta en algo para ricos porque quien no tiene perras no puede acudir a ella”. Una crítica que Altava se sacudió al contrarrestar que “lo que se está haciendo es coger el toro por los cuernos” y recordar que los litigantes en España asumirán sólo el 5% del coste de los procesos frente al 30% de media europea o el 105% excepcional de Austria.
La búsqueda de consensos, la necesidad de un pacto definitivo de Estado sobre la Justicia o incluso la legislación sobre la interrupción del embarazo completaron el debate. Juan Luis López Colomer, catedrático de Derecho Procesal, cerró la jornada con su análisis sobre la reforma del proceso penal.
Una defensa cerrada de la Justicia Gratuita
Blas Jesús Imbroda se encargó, antes de comenzar el debate, de leer el manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita, cuyo día se celebraba ayer. El decano de los abogados melillenses defendió en nombre de los colegiados “un modelo que garantiza el acceso a la Justicia de los más desfavorecidos”, y recordó que éste sólo absorbe el 6% del presupuesto destinado a cubrir los procesos en España. En su intervención, se sumó a las voces de “los más de 30.000 abogados que trabajan 24 horas” y pese a ello “sufren impagos y falta de medios”, rechazando además “los recortes” del Gobierno y el nuevo sistema de tasas que “dificultará el acceso” de los ciudadanos a la Justicia.
