Las dudas que plantean algunas ONGs y las que pueden albergar algunos agentes de la Benemérita sobre determinadas actuaciones contra la inmigración ilegal en Melilla no van a quedar resueltas en el ámbito de nuestra ciudad. Por un lado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado para que se pronuncie sobre estos hechos y arroje luz en un asunto que cada día parece más enrevesado. La AUGC realizó la misma petición al teniente coronel, Ambrosio Martín, pero ésta cayó en saco roto. El máximo responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla no tuvo a bien hace unos días contestar a la pregunta de los agentes sobre el procedimiento a seguir en distintas situaciones relacionadas con la inmigración ilegal. Las dudas continúan hoy en el aire, pero ya no serán resultas en nuestra ciudad.
Por otro lado, el Congreso también debatirá sobre este asunto. En ese escenario han planteado la misma cuestión diputados de Izquierda Unidad, UPyD y Equo para que sea contestada directamente por el Gobierno central, sin intermediarios políticos ni laberínticos procedimientos administrativos por el organigrama de la Guardia Civil en nuestra ciudad. Sin embargo, será la primera institución la que aporte más luz al asunto. El pronunciamiento que ha solicitado la AUGC al Fiscal General del Estado servirá para aclarar a los agentes hasta dónde está obligados a llegar en el cumplimiento de una orden de un superior, cómo proceder si consideran que están sufriendo presiones para actuar al margen de la ley y cómo afrontar las incertidumbres que surjan en cada momento. El objetivo debe ser que en Melilla, como en el resto del país, impere la ley en todo lo relacionado con la inmigración ilegal. Y si ya es así, eliminar cualquier duda que tengan los agentes para garantizarles que están actuando dentro de los límites de la legalidad.
