LOS guardias civiles adscritos a la Comandancia de Melilla tendrán, dentro de tres meses, una idea clara de cómo actuar ante la inmigración ilegal. Será así, primero, si los máximos responsables de la Benemérita en nuestra ciudad agotan el plazo de tiempo que tienen para contestar al escrito que presentó el pasado jueves la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Y, segundo, será así, si las respuestas son tan claras y directas como las preguntas que plantean los agentes. No se puede descartar totalmente que la Comandancia opte por acogerse a algún legalismo para dar largas al asunto o por contestar echando mano de socorridas y genéricas expresiones como “legalidad vigente”, “estado de derecho”, “procedimientos establecidos” para evitar entrar en materia.
La AUGC ha presentado su escrito tras la reciente visita a Melilla del comandante Eduardo Lobo Espinosa. Este oficial, destinado en el Centro de Coordinación y Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil, llegó para despejar dudas. Incluso dejó un dossier a disposición de la Benemérita “para cuando lo necesiten porque es una labor que se debe conocer por todo el mundo para saber cómo se debe proceder en cada momento”, dijo. Pero lo cierto es que su visita, lejos de arrojar luz, no ha hecho más que llenar de interrogantes las cabezas de los guardias civiles.
Los ciudadanos también tenemos nuestras propias dudas. Una es bastante evidente. Después de todos los episodios de inmigración ilegal vividos en nuestra ciudad, ¿cómo es posible que ahora los agentes pidan aclaraciones a sus mandos sobre cómo actuar? ¿Quién es el responsable de la confusión en la que se desenvuelven los guardias civiles en este asunto?
