LA presentación del Pacto Social, anunciado meses antes por el presidente Juan José Imbroda durante un acto de su partido, fue acogida con cierta frialdad. Algunas formaciones restaron mérito al hecho de poner ‘negro sobre blanco’ principios que en unas veces se pueden considerar que están suficientemente asumidos por el conjunto de la sociedad y que en otras ocasiones están recogidos en algún artículo de la Constitución.
Hoy, con el transcurrir de los meses, se ha visto que no está de más ratificarnos en determinados postulados en los que todos creíamos estar de acuerdo. No va a venir mal ante una realidad multicultural como la melillense. Necesitamos insistir en determinados aspectos y dejar clara nuestra unidad en algunos principios concretos. El Pacto Social es importante para los ciudadanos en general y para los representantes políticos en particular, que muchas veces se ven tentados a ‘debatir’ sobre aspectos que pueden conducirnos por caminos escabrosos, por senderos que conducen a situaciones en las que nadie queremos vernos envueltos.
Por esos dos motivos (porque el Pacto Social recoge principios generales en los que todos estamos o deberíamos estar de acuerdo y porque plasmar la firma sobre ese documento puede servirnos como cortafuego) nuestros representantes políticos deberían dejarse de discusiones bizantinas, gestos desafortunados y acusaciones estériles. Todos, Gobierno y oposición, están obligados a enriquecer en lo posible el documento y firmarlo sin más dilación para continuar cimentando nuestra sociedad multicultural en el respeto. Es indiscutible que una herramienta ideada para contribuir a afianzar la convivencia no puede acabar por convertirse en un arma dialéctica.
