Su portavoz, Rosa Díez, presenta una pregunta a tenor del informe de la Defensora del Pueblo.
La portavoz del Grupo de UPyD, Rosa Díez, ha vuelto a llevar al seno del Congreso de los Diputados el desalojo el pasado septiembre de la Isla de Tierra, peñón de soberanía española cerca de Alhucemas al que llegaron 70 inmigrantes subsaharianos. La upedista se basa en el informe elaborado por la defensora del Pueblo y pregunta al Gobierno central “por qué motivos se incumplió la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”.
Díez cuestiona por qué no se abrió el correspondiente expediente de expulsión de dichos inmigrantes así como las intenciones del Ejecutivo de Rajoy de depurar responsabilidades, al considerar que la actuación en el desalojo y ‘reparto’ de los inmigrantes de la Isla de Tierra no es “compatible con la regeneración democrática que propugna”.
La portavoz de UPyD sostiene que el Ejecutivo de Rajoy “nunca” se ha pronunciado sobre las acusaciones de numerosas ONG que asumió la defensora del Pueblo, esto es, “que para resolver el problema se vulneró la ley y no se respetaron los derechos que el ordenamiento prevé en España para los inmigrantes”.
“Los inmigrantes fueron expulsados de madrugada, al margen de cualquier procedimiento legal e individualizado y entregados sin más a las autoridades marroquíes en una playa cercana”, continúa la exposición de motivos de Díez. Además, la upedista aludió a la resolución de la Comisión Europea en los acuerdos de readmisión que exige que se garantice “el respeto a los derechos humanos de aquellas personas que son readmitidas en un país de tránsito donde pueden encontrarse en una situación especialmente precaria, sobre todo en países, con un sistema de protección insuficiente de los derechos humanos, incluida la protección internacional”.
Gutiérrez opina que se actuó “como demandaba la situación”
La pregunta presentada por la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en el Congreso sobre el desalojo de la Isla de Tierra de 70 inmigrantes que la arribaron el pasado mes de septiembre, sorprendió al diputado popular por Melilla, Antonio Gutiérrez, en principio, por el tiempo que ha pasado desde estos hechos con el registro de la pregunta en Cortes, a principios de marzo.
No obstante, preguntado por esta cuestión el parlamentario local aseguró que entonces “el Gobierno actuó como demandaba la situación”, apostilló.
Gutiérrez dijo respetar la iniciativa de la responsable upedista no sin matizar que, puesto que gran parte de su exposición de motivos alude al informe de la defensora del Pueblo al respecto, Díez debía haber esperado a que el Ejecutivo nacional se hubiese pronunciado sobre ese informe. De esta manera, la upedista podría haber formulado preguntas “menos inducidas”, es decir, sin emitir juicios de valor, como la posible vulneración del ordenamiento jurídico español o la posiblidad de depurar responsabilidades.
