Al Mansouri señala que varias gestionan instalaciones públicas aportando sólo el personal.
“Estamos perdiendo tiempo y dinero”. Así se pronunció ayer la diputada de Coalición por Melilla (CpM) Dunia Al Mansouri, sobre la política de subvenciones y acuerdos de colaboración del Gobierno que preside Juan José Imbroda con asociaciones para la gestión de instalaciones públicas o la realización de actividades. En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, señaló que estas ayudas se conceden “de manera encubierta y con una alegría alarmante”.
Al Mansouri señaló que en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma (PGCAM) del presente ejercicio se destinaron un total de 4,21 millones de euros a subvenciones directas. Por otro lado, cada consejería cuenta con una dotación económica para convenios de colaboración, un “cajón desastre”, como definió la cepemista. “En lo que respecta a las ayudas que vienen reflejadas en las cuentas públicas, están bien detalladas y se debatieron durante la confección de los PGCAM. En lo referente a las segundas, las que administra cada consejería, se otorgan muchas veces a asociaciones fantasma sin que los grupos de la oposición podamos hacer nada al respecto”, lamentó. Además, reclamó que se limite la firma de este tipo de acuerdos.
Para la diputada, el caso más llamativo es el del área de Bienestar Social, que este año maneja 3,72 millones para acuerdos de colaboración. Dicha Consejería ha suscrito con la asociación MEPI un total de ocho convenios por importe de 519.000 euros durante lo que va de año, la mayor parte de ellos para la gestión de las nuevas ludotecas que se están construyendo en distintos puntos de la ciudad.
“Es un ente que ni siquiera tiene sede social. Lo único que hace es contratar personal, porque los locales y el material son propiedad de la Ciudad Autónoma”, subrayó Al Mansouri. “Esta asociación hace un trabajo que podría ejercer perfectamente el Ejecutivo local”. Además, detalló que Mepi lleva cinco años solicitando acuerdos de este tipo al Gobierno melillense, algo que “rompe la igualdad” con otras entidades similares.
La diputada de CpM señaló que debería ser la propia Consejería la que gestione de manea directa estas ludotecas para ahorrar dinero público. “La firma de estos acuerdos se hace de manera totalmente encubierta y sin que haya debate con los grupos de la oposición”, apuntilló. “Se dan casos de discriminación con otras asociaciones”.
Por otro lado, la dirigente cepemista criticó que la adjudicación de las ayudas económicas se “justifique escasamente”, en algunas ocasiones con informes “que sólo ocupan medio folio”. Según afirmó, en base a lo que dicta el Reglamento General de la Ciudad Autónoma, dichos acuerdos se deben firmar “con carácter excepcional y por motivos de interés público” y han de estar acompañados del correspondiente informe técnico. “El articulado se está aplicando de manera completamente arbitraria”, afirmó.
El de MEPI no es el único ejemplo que puso Al Mansouri sobre la mesa para denunciar la gestión del Gobierno local. También reprochó que se conceda una ayuda de 97.000 a Mujeres Vecinales para actividades que ya realizan otras asociaciones e incluso empresas municipales como Promesa.
“No tenemos fijación con el área de Bienestar Social. También hay casos parecidos en la Viceconsejería de Juventud, donde recientemente se ha encargado a Espacio Joven un programa de actividades para los distritos IV y V, el cual es bastante similar a otros que ya se están realizando”, añadió.
Gestión directa
En opinión de la cepemista, el Ejecutivo local debería asumir de manera directa la realización de este tipo de iniciativas, así como el mantenimiento de instalaciones como las ludotecas. “No queremos la crítica por la crítica, sino proponer alternativas”, apuntó. “Creemos que la Ciudad Autónoma podría crear una bolsa de trabajo con contratos semestrales para crear empleo. Con su actual gestión, perdemos dinero público”, aseveró.
El presidente Imbroda respondió ayer a la diputada cepemista que el Ejecutivo local no puede crear la bolsa de trabajo que propone, ya que la oferta pública de empleo está completamente congelada a causa de la crisis económica, no sólo en Melilla, sino en todo el territorio nacional. En declaraciones realizadas a Onda Cero, el máximo dirigente Gobierno melillense señaló que, en el caso concreto de las ludoteca, externalizar su gestión permite la contratación de personal docente. “¿Es que esos maestros no tienen derecho a un puesto de trabajo sin ser funcionarios?”, apuntó Imbroda. “Si quitamos el acuerdo de colaboración con MEPI o con cualquier otra asociación, se van todos a la calle”.
Por último, señaló a la diputada de CpM que estos convenios suelen firmarse con asociaciones humanitarias o ONGs. “No le estamos dando dinero a ningún banco”, defendió.
