Las condiciones que impone Marruecos para permitir la adopción de sus nacionales menores por parte de ciudadanos españoles deja de manifiesto la diferente perspectiva con la que se trata un mismo asunto en nuestro país y en nuestro vecino del sur. Mientras que en España los derechos del individuo son un bien supremo y los ciudadanos no dejamos de luchar para intentar alcanzar cada vez más cuotas de libertad frente al Estado, en Marruecos esta batalla se desarrolla con una parsimonia exasperante. Así ocurre que en las adopciones de menores, el reino alauí continúe dando prioridad a los intereses del Estado frente al bienestar de los ciudadanos. Marruecos impone a los españoles que deseen adoptar a un niño marroquí la obligación de garantizar que se mantendrá la filiación del pequeño, su religión musulmana y su nacionalidad. De este modo, salvaguarda los intereses del Estado frente a los derechos que en otro caso tendrían los padres adoptantes a educar a su hijo de la forma que entiendan más adecuada, siempre salvaguardando los derechos del menor y permitiendo a sus tutores trasmitirle valores en los que éstos creen y que consideran más beneficiosos para su desarrollo como persona.
Sin embargo, en las adopciones autorizadas por Marruecos, son las autoridades de ese país quienes deciden. De este modo, los nuevos padres del niño sólo pueden asumir el papel de simples guías de la educación del menor según las creencias y convicciones de un país que a muchos españoles les resulta extraño porque en él imperan unos dogmas que a veces les son totalmente ajenos y otras absolutamente desconocidos.
Los derechos de los menores son el principal bien a tener en cuenta en los procesos de adopción, ya que sus titulares son personas sin capacidad aún para defenderlos por sí mismos. Las autoridades marroquíes deben entender que no siempre tienen que coincidir los intereses de los pequeños con los del país que los vio nacer, al margen de si vinieron al mundo en la orilla norte o sur del Mediterráneo.
