El vicepresidente autonómico señala que tomó una decisión en base al informe del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental. “Si me encontrara ante un caso similar, tomaría la misma decisión”. Así se pronunció ayer el vicepresidente del Gobierno local, Miguel Marín, sobre la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 3 de la ciudad autónoma, que ratifica una anterior y que falla a favor de dos opositores a la Policía Local que en el año 2010 decidieron recurrir el proceso de selección, al alterarse el baremo de las pruebas psicotécnicas, lo que les dejó fuera, como informó El Faro en diciembre de 2011. Hay que recordar que la modificación se realizó por orden del consejero de Administraciones Públicas, que en aquel entonces era Marín. En palabras del número dos del Ejecutivo local, “hay que respetar la decisión de la Justicia”, aunque consideró que su actuación como consejero fue correcta.
En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, Marín señaló que este tipo de recursos son algo “habitual”, no sólo en la ciudad autónoma, sino en otros puntos del territorio nacional. Además, argumentó que obró guiándose por la opinión del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental.
El vicepresidente explicó que dos miembros del tribunal encargado de evaluar las oposiciones le informaron sobre una posible irregularidad referente al test psicotécnico. “Cuando me lo dijeron, decidí buscar toda la información posible. Yo no soy psicólogo, así que desconocía si lo que me estaban diciendo era correcto”, añadió.
Fue en este punto cuando Marín, en aquel entonces al frente de la Consejería de Administraciones Públicas, decidió pedir un informe al Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental. “Obré conforme a lo que me indicaron desde esta institución, apoyándome en su juicio profesional”, afirmó. Asimismo, subrayó que su proceder fue “cauto” e insistió en que se sirvió de los informes proporcionados como base. “Si me encontrara ahora mismo con un caso similar, tomaría la misma decisión”, aseguró.
Negativa a reunirse
Por otro lado, manifestó que no se informó previamente al tribunal de las oposiciones sobre su decisión porque éste se negó a reunirse. “¿Qué podíamos hacer ante esta situación?”, preguntó. “La solución fue resolverla con el consejo de este colegio profesional”. Además, afirmó que no pudo “mirar para otro lado” en este asunto, pues habría incurrido en un delito de prevaricación. “Nunca habría pasado de largo en un tema como éste”, abundó.
En cuanto a por qué no se pidió opinión al Colegio de Psicólogos de Melilla y se optó por acudir al de Andalucía, Marín señaló que éste último, al ser un ente ajeno a la ciudad autónoma, podía pronunciarse con mayor objetividad sobre el asunto.
