Su portavoz, Julio Liarte, afirma que Miguel Marín encontró la manera de evitar que la “supuesta solicitud de compatibilidad” se debatiera en la Comisión de Administraciones Públicas. El portavoz del Grupo de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, acusó ayer al vicepresidente primero de la Ciudad, Miguel Marín, de “urdir una burda estrategia para evitar que la Asamblea, bien en Pleno o en comisión, examinara una supuesta solicitud de compatibilidad” del presidente de Promesa, José María López Bueno. Liarte afirmó haber tenido acceso a más documentación sobre el caso y desveló que Marín, cuando era consejero de Administraciones Públicas y su directora general, María José Gómez, se elaboraron dos informes para conceder la compatibilidad a López Bueno.
“El motivo no podía ser otro que impedir que la petición fuese rechazada por no cumplir los requisitos previstos por la ley para compatibilizar la presidencia de Promesa con un puesto de profesor asociado en la Universidad de Granada”, alegó Liarte.
PPL sostiene que es la Comisión de Administraciones Públicas la competente en el examen de las compatibilidades de los cargos públicos, pero que en este caso “se le ha hurtado deliberadamente a este órgano de la Asamblea el conocimiento de un asunto de su competencia, por una razón muy sencilla: La presidencia de PRimesa es un cargo incompatible con cualquier otro público o privado”.
Liarte aseguró que Mª José Gómez y un despacho de abogados elaboraron dos informes. Uno de ellos es el que señalaba que es el Consejo de Administración de Promesa el competente en resolver las peticiones de compatibilidad. El segundo informe, elaborado, según dijo el diputado de PPL, por el bufete de abogados Sánchez Cano S.L., en el que se afirma que López Bueno “cumplía los requisitos para obtener la compatibilidad”.
Según explicó Liarte, con estos dos informes y los votos de los representantes populares en el Consejo de Administración de Promesa, Miguel Marín y Mª Carmen Dueñas, concedieron la compatibilidad al presidente de la sociedad pública.
PPL insiste que el artículo 18 de los estatutos de Promesa establece que “su presidente cobrará una retribución equivalente a la de los miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melille siempre que tenga dedicación exclusiva”.
“Se trata de un nuevo escándalo protagonizado por Miguel Marín que sólo puede resolverse con su cese y el de López Bueno”, aseveró Liarte, quien recordó que su formación está estudiando “el posible alcance penal de los dos dictámenes hechos a medida”. Por último, instó al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, a que tome cartas en el asunto antes de que éste llegue a los tribunales.
