El diputado socialista replica a Marín que el Gobierno local firmó “un convenio ilegal con promotoras para hacer un uso privado de terrenos de carácter público”.
El Partido Socialista (PSOE) de Melilla salió en la jornada de ayer al paso de las manifestaciones del vicepresidente autonómico, Miguel Marín, quien responsabilizó a la que fuera consejera de Fomento en el año 1999, María del Carmen Muñoz, del PSOE, de las irregularidades urbanísticas denunciadas por el Colegio de Arquitectos. El diputado socialista Dionisio Muñoz señaló ayer a los medios de comunicación que Marín “miente y esconde su responsabilidad en este asunto, uno de los más graves de los últimos años”.
Para Muñoz, la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la que se insta a la Ciudad Autónoma a solventar las irregularidades denunciadas por el Colegio de Arquitectos, “deja bien claro que el Ejecutivo melillense incumplió su obligación y metió el asunto en un cajón”.
El dirigente socialista no dudó en apuntar al Ejecutivo de Juan José Imbroda como principal responsable de lo ocurrido. “El Gobierno local firmó un convenio ilegal para hacer un uso privado de suelo público”, apuntilló.
A lo largo de su intervención, Muñoz hizo especial hincapié en el caso del edificio de la Fundación Gaselec, una de las cinco irregularidades sobre las que se pronuncia la resolución judicial. “He visto al Gobierno local muy beligerante últimamente con esta empresa. No sé por quÉ atacan con el tema de las facturas. El juez se lo ha puesto a Imbroda más a huevo que nunca, ya que la sentencia indica que, según el Colegio de Arquitectos, esta licencia urbanística se concedió sobre una zona verde”, aseveró el diputado del PSOE.
“Si es cierto, alguien ha incumplido la Ley. La restitución urbanística supondría derruir la edificación y dejar la zona como estaba. Señor Imbroda, no se vaya usted a por los recibos, aquí tiene una oportunidad única para derribar la Fundación Gaselec, edificada ilegalmente sobre zona verde, según el Colegio de Arquitectos y el Plan General de 1995”, apuntilló. “¿Se va a atrever el presidente o tendremos que enterarnos de quién firmó esta licencia?”, añadió.
En lo tocante a las tres urbanizaciones afectadas por la sentencia (La Quinta, Jardines del Mar y Aznalmara), Muñoz apuntó que el que fuera Consejero de Fomento con el PP entre los años 2001 y 2003, Ernesto Rodríguez, “firmó con una promotora un convenio por el que se hacía uso privado de los terrenos que debían ser de todos los melillenses”. Muñoz no dudó en mostrar el acta de la Comisión de Fomento de hace un año en la que queda constancia de dicha operación.
Cuatro consejeros del PP
“El convenio lo firmó Rodríguez entre los años 2001 y 2003 y tras él, todos los responsables de la Consejería de Fomento, todos ellos del PP y miembros del Gobierno Imbroda; Manuel Ángel Quevedo, Rafael Marín y Miguel Marín, han guardado silencio y han tapado esa irregularidad”, añadió.
Además, aseguró que el Ejecutivo local ha puesto “todos los recursos posibles para no cumplir con su obligación legal”, que era investigar lo sucedido, “hasta el punto de haber contratado a uno de los bufetes de abogados más caros de España, el de Gómez-Acebo y Pombo, para no tener que abrir un expediente sobre las irregularidades y averiguar qué pasó con unos terrenos que son patrimonio de todos los melillenses”.
Por último, apuntó que el Gobierno de Melilla pagó más de 14.000 euros a este bufete “Si no había nada detrás de este asunto, si no hay que darle importancia, ¿por qué contrataron uno de los despachos más caros de España?”,concluyó.
“No permitiré que se quite a los melillenses su patrimonio”.
Muñoz explicó que la promotora que construyó los chalets afectados por la sentencia “debió ceder el 15% del suelo a la Ciudad Autónoma, tal y como recoge la ley, para uso público”.
“Hacerlo hubiese supuesto construir tres viviendas menos. El promotor ganó dinero a costa de los melillenses”, criticó Muñoz.
El socialista señaló que las denuncias del Colegio de Arquitectos se reducen a cinco actuaciones porque, por el volumen de las mismas, la entidad no pudo denunciar todas las irregularidades que detectó. El socialista adelantó que pedirá explicaciones sobre los 55 casos restantes.
“No admito que se les robe a los melillenses lo que les corresponde”, advirtió Muñoz, quien afirmó que seguirá siendo “muy beligerante” en este caso porque no permitirá “que se le quite su patrimonio a los melillenses”.
