Felicita a Imbroda “por haber escuchado por primera vez la voz de PPL” y solicitar al ministro Gallardón que las bodas por el rito musulmán tengan validez civil.
La diputada de Populares en Libertad (PPL), Rosa Cuevas, aseguró ayer no entender cómo el Ejecutivo que preside Juan José Imbroda “ha tardado doce años en enterarse de que en Melilla no se cumple lo previsto en la ley que aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España”.
Según afirmó la diputada de PPL, el artículo siete de esta norma atribuye efectos civiles al matrimonio celebrado según la forma religiosa establecida en la ley islámica desde el momento de su celebración, siempre que los contrayentes reúnan los requisitos de capacidad exigidos por el Código Civil.
Cuevas declaró que desde el partido habían exigido a Imbroda que reclamase al Ministerio de Justicia la validez jurídica de las bodas musulmanas, para así cumplir esta ley. “Desde PPL felicitamos al presidente por haber escuchado por primera vez la voz de nuestro partido y exigir al ministro que se observe la ley”, resaltó Cuevas. Hay que recordar que Imbroda solicitó a Alberto Ruiz Gallardón el pasado martes en Madrid que las bodas musulmanas tengan validez civil.
Por otro lado, Cuevas manifestó que no es necesario elaborar un documento como el Pacto Social para que se cumpla la normativa vigente y el Gobierno local “asuma su responsabilidad de interceder ante el Ministerio de Justicia para que sean plenos los derechos de todos los melillenses”.
La dirigente de PPL, como representante de este partido en las comisiones en las que se está debatiendo el Pacto Social, resaltó que están “perdiendo el tiempo en debatir sobre un auténtico bodrio sin efectos jurídicos o normativos para lavar la imagen de Imbroda después de fracasar en la ejecución de sus ficticios y demagógicos proyectos, como la ampliación del puerto y la empresa de telemarketing”.
Cuevas apuntó que el Pacto social “es un documento evanescente, etéreo y vacío de contenido real” y que el PP lo presenta como “el gran remedio del futuro de la ciudad”.
Además, criticó que se trata de un documento de carácter “fragmentario y sectorial” que se centra exclusivamente en la problemática de la población musulmana y sobre aspectos cuya competencia reside exclusivamente en el Gobierno central. “Los problemas de los que habla Imbroda se hubieran arreglado en estos doce años con meras gestiones ante el Ministerio de Justicia y reclamando la constitución y funcionamiento de la Comisión Mixta Paritaria con representantes de la Administración del Estado y de la Comisión Islámica de España, que prevé la ley”, añadió.
La diputada de PPL también afirmó que el documento “soslaya a otros sectores de la sociedad melillense y no propone soluciones globales a los problemas reales que afectan a todos los ciudadanos”.
Según Cuevas, el Pacto Social es “el reconocimiento público del fracaso e impotencia de Imbroda para abordar con seriedad el grave problema de la pobreza en Melilla, acentuada hasta límites dramáticos y para promover y proteger la cultura tamazigh, como ha constatado un reciente un informe de la Comisión Europea”.
Además, consideró que “existe una gran contradicción en el planteamiento de los principios que inspiran el Pacto social, pues, ya que, por un lado proclama la no intervención de los poderes públicos en asuntos religiosos, por otro postula la necesidad de formar un cuerpo de imanes”.
Finalmente, criticó que la lectura del Pacto Social parece transmitir “la conveniencia de fomentar el segregacionismo”.
