El Pacto Social por la Libertad y la Igualdad en Melilla que propone el PP al resto de grupos políticos hace especial hincapié en la separación de religión y política. En concreto, el texto plantea un conjunto de medidas para impedir la influencia del islamismo más allá de lo que puede pesar el resto de religiones, ya que es imposible que los representantes públicos se conduzcan totalmente al margen de sus creencias, pero éstas no pueden ser determinantes en sus actuaciones. Y, por supuesto, como guías espirituales no pueden intervenir dirigentes religiosos que actúan siguiendo los designios de un ministerio de un país extranjero con el que aspiramos a mejorar las relaciones, pero con el que mantenemos intereses enfrentados en aspectos vitales para nuestro futuro.
En esencia, el Pacto Social que propone el PP consiste en marcar dos claras líneas divisorias. La primera, para separar política y religión. Y la segunda, para diferenciar entre intereses españoles y marroquíes.
No se realiza ningún planteamiento nuevo hacia el Islam que no se esté aplicando ya en relación con el resto de religiones. Sin embargo, los populares consideran necesario plasmarlo en un documento que ya tienen en su mano los partidos de la oposición y que el presidente Imbroda pretende empezar a debatir después de Navidad.
Los planteamientos ideológicos del PSOE y PPL no chocan con esta propuesta; la mayor incógnita está en cómo será acogido por el principal partido de la oposición. Los vínculos y afinidades de CpM con la comunidad musulmana son mayores que los de cualquier otra formación. Y la colaboración entre el partido que dirige Mustafa Aberchán y la Comisión Islámica de Melilla es estrecha.
El Pacto Social propone evitar el sometimiento de las decisiones políticas a los postulados religiosos. Pero también debería contemplar la situación contraria porque en el caso de CpM y la CIM, a veces la jerarquía se confunde.
