La frontera ha vuelto a ser el escenario de una nueva agresión contra un agente de la autoridad, esta vez español. El pasado viernes un policía nacional que realizaba su trabajo en el puesto de Beni Enzar resultó alcanzado por una piedra en la zona lumbar. Afortunadamente, el impacto no le ocasionó ninguna lesión importante, ya que no ha necesitado recibir la baja médica. Sin embargo, este suceso y las anteriores agresiones a policías y guardias civiles no pueden caer en el olvido ni tomarse como algo habitual en los puestos fronterizos de Melilla. Lo inconcebible en otras zonas del territorio nacional no puede ser asumido como normal en nuestra ciudad.
El pasado 9 de julio, durante su visita a Melilla, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, prometió que la situación de la frontera sería uno de los asuntos a tratar entre España y Marruecos en la próxima reunión de alto nivel entre ambos países prevista en septiembre. Con esas palabra Fernández Díaz expresaba su compromiso de buscar una solución a la falta de fluidez en el tránsito de personas y vehículos por los puestos fronterizos. Sin embargo, las autoridades de ambos países están obligadas a abordar antes los problemas que acarrea la de falta de seguridad para los miembros de sus respectivos cuerpos policiales. Hace unos días, en el lado marroquí hubo que lamentar el fallecimiento de un militar que resultó mortalmente herido por el lanzamiento de una piedra. Otras veces los sucesos en la parte española están protagonizados por conductores que tratar de burlar de forma violenta los controles de seguridad y las víctimas son policías y guardias civiles.
Esta clase de hechos sin que sus autores sean castigados es inconcebible en cualquier lugar civilizado. Es tan inconcebible como incomprensible que ciudadanos de un país puedan organizar protestas con total impunidad ante los puestos fronterizos de su vecino sin que las autoridades de uno y otro lado tomen medidas conjuntas para impedir esa clase de acontecimientos, que además coinciden en el tiempo con una agresión a un agente de la autoridad.