La intención del Ejecutivo local es aplicar al pie de la letra el Real Decreto Ley 20/2012 con el que el equipo del presidente Mariano Rajoy determinó los recortes a aplicar entre los empleados públicos. No cabe otra alternativa entre gobiernos cuando debe primar la lealtad institucional con independencia del color político de quien esté al frente de los mismos. La estrategia económica nacional no le corresponde a los Ejecutivos locales. Éstos sólo tienen posibilidad de actuar dentro de los límites que les impone el partido elegido por la mayoría de los ciudadanos en las correspondientes elecciones generales. La alternativa, el enfrentamiento entre representantes políticos de diferentes niveles, sólo conduce a un diálogo de sordos en el que los ciudadanos acaban siendo los mayores perjudicados de ese tira y afloja.
Sin embargo, la obligación de cumplir lealmente con las directrices que llegan desde una institución superior no debe impedir continuar ejerciendo la actividad política. Ayer, la consejera de Administraciones Públicas, Katty Muriel, reconoció que el Gobierno local es consciente del malestar que los recortes están provocando en los funcionarios. Sus palabras no significan la renuncia a defender las medidas del Ejecutivo central, que calificó como “responsables”. Dijo que “la crisis ha puesto las cosas muy difíciles y las decisiones que se han tomado para atajarla no son nada populares”. Y añadió que “Rajoy no hace las cosas por maldad”.
Sin embargo, la exposición de la consejera y los argumentos que la sustentan no van a ser suficientes para contrarrestar el enfado que a diario expresan los funcionarios y sus representantes sindicales. Estos trabajadores reclaman algo más que motivos de Estado para poder llegar a aceptar el recorte de sus salarios. Necesitan, al menos, contar con un cierto compromiso de que cuando la situación empiece a encarrilarse, también ellos verán cómo recuperan paulatinamente derechos a los que hoy se ven obligados a renunciar. En ese campo aún es posible la acción política sin poner en peligro la lealtad institucional.
