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Inicio » Editorial

Prioridades en Melilla

por Redacción El Faro
15/07/2012 23:49 CEST

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La labor que desempañan los guardias civiles en Melilla es tan insustituible como la que realizan sus compañeros de la Policía Nacional. Sobre los agentes de ambos Cuerpos recae la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden en la ciudad, lo que no siempre es fácil. En las últimas semanas vienen sucediéndose acontecimientos en la valla fronteriza que crean preocupación, especialmente entre los guardias civiles encargados de su custodia. El mismo delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, manifestó que los últimos inmigrantes que pretendían llegar a Melilla saltando la valla mostraban una agresividad que no era habitual hasta ahora. Sus palabras coincidieron con un grave suceso en el lado marroquí, donde falleció un militar del país vecino cuando trataba de impedir una avalancha y resultó alcanzado por una piedra que le provocó la muerte.
A todos estos acontecimientos se suma la falta de agentes que denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). No sólo reclama más efectivos, considera que es necesario el refuerzo con miembros del Grupo Rural de Seguridad, especializados en la contención de masas y preparados para hacer frente a situaciones extremas y de especial peligrosidad.
En manos de las autoridades españolas está prestar atención a las peticiones de los guardias civiles que patrullan a diario la valla fronteriza, viven en primera persona estos acontecimientos y los sufren. Es cierto que la situación económica del país no está para realizar grandes dispendios, pero hay asuntos en los que no es posible ahorrar. La seguridad de la frontera no puede quedar únicamente en manos de las autoridades marroquíes, de su voluntad política o de los intereses que puedan empujarles a actuar de un modo u otro según las circunstancias. Las seguridad de Melilla debe seguir dependiendo de nuestra Guardia Civil, pero hay que prestar atención a las necesidades de los agentes para que puedan realizar con eficacia su trabajo. No hacerlo puede ser en un riesgo gratuito a pesar de lo costoso que sea atender sus peticiones y de la obligación de contención del gasto que tiene el país.

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