Velázquez reitera que el consejero alquiló su oficina a una ONG y el titular de Fomento niega un conflicto de intereses, como certificó el secretario general de la Asamblea. El presidente de Populares en Libertad (PPL), Ignacio Velázquez, insistió ayer en la “incompatibilidad política y ética” del consejero de Fomento, Miguel Marín, como gestor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con una sociedad, de la que es propietario, que se dedica a las transacciones inmobiliarias”, alegó. En los mismos términos se expresó el pasado lunes el diputado de la formación Julio Liarte a pesar del informe emitido por el secretario general de la Asamblea donde se refleja que no existe tal conflicto de intereses y que fue aprobado en la Comisión del Estatuto del Diputado.
En declaraciones a El Faro, el consejero de Fomento y vicepresidente primero de la Ciudad, Miguel Marín, recalcó la transparencia de sus rentas y bienes, que son declarados en la propia Asamblea, y reiteró que el informe del secretario general niega la existencia de cualquier conflicto de intereses, tal y como se presentó y aprobó en la reunión de la comisión del pasado lunes. Por ello, lamentó las declaraciones del presidente de PPL y le acusó de “intoxicar y manipular” a la opinión pública en este asunto.
Es más, Marín dijo no explicarse cómo “una persona que ha ostentado un cargo de responsabilidad en la Ciudad Autónoma cae ahora tan bajo y se arrastra tanto, como se demuestra en su forma de hacer política de basuras e injurias”, recalcó.
Sin embargo, Velázquez se preguntó por qué, a raíz de la denuncia de PPL sobre el conflicto de intereses de Marín, éste “ha cambiado el objeto social de sus empresas” y concluyó que el consejero “debe dimitir”.
La “gravedad” de la situación, según Velázquez, radica en que su formación política “ha demostrado” que el consejero de Fomento “tuvo realquilada la oficina de su negocio a una ONG entre 2005 y 2010, que le ha supuesto unos ingresos superiores a 25.000 euros”. Esta entidad no lucrativa, continuó Velázquez, estuvo presidida “por el hijo del presidente de Emvismesa, Juan Antonio Iglesias, que ha recibido de la Ciudad Autónoma desde el año 2004 en torno a seis millones de euros”. “La ONG se dedicó, entre otras cosas, a contratar personas allegadas al Gobierno de Imbroda en la que aparecen apellidos tales como Espigares, Garbín, Conesa, Imbroda e incluso el marido de la consejera Esther Donoso”, añadió Velázquez.
Además, el presidente de Populares en Libertad señaló que el recibo del alquiler está firmado por el propio consejero, por lo que, actuaba como un ciudadano particular y no como propietario de la empresa. El dinero del alquiler, insistió Velázquez, es “dinero público porque la ONG recibía subvenciones a dedo de la Consejería de Bienestar Social y por tanto repercutía en la financiación del alquiler del que se beneficiaba Miguel Marín”.
“Es un escándalo político que podría conllevar repercusiones judiciales”, aseguró Velázquez, quien, por último, añadió que, de no recibir del consejero de Fomento explicaciones sobre este asunto, no dudará en trasladar el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
