La Comisión Europea ha abierto un expediente para comprobar si el real decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la regularización extraordinaria de inmigrantes se ajustó a la normativa de la Unión. Según ha avanzado El Mundo, Bruselas comunicó el pasado 23 de octubre a Junts, que había registrado una queja en julio, que “examinará su denuncia a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable”.
El procedimiento no supone por ahora ninguna sanción ni establece que el decreto vulnere la legislación europea. De acuerdo con la información de El Mundo, se abre un periodo de comprobaciones de un año en el que la formación de Carles Puigdemont deberá aportar documentación que respalde su denuncia. A partir de ahí, la Comisión podría iniciar un procedimiento de infracción contra España. La respuesta de Bruselas ha llegado unos tres meses después de recibir la queja.
El expediente tampoco afecta, de momento, a los permisos de residencia ya concedidos a los inmigrantes que se acogieron a la medida.
La reclamación de Junts no pone en duda la capacidad del Estado para regularizar, sino el modo en que lo hizo el Ejecutivo. “Junts no cuestiona que España pueda regularizar”, ha defendido el partido, que concentra sus objeciones en cuatro aspectos.
El primero es que, a su juicio, el Gobierno no informó a las instituciones europeas de su intención de regularizar a extranjeros que ya residían en España. El segundo apunta a la anulación de expulsiones en bloque. El tercero se refiere al uso del asilo como vía de acceso, ya que el real decreto permite obtener un permiso ordinario a quienes retiren su solicitud de protección internacional.
El cuarto punto tiene que ver con la lengua. Junts reclamó durante la tramitación que se exigiera conocimiento de catalán, un requisito que finalmente no se incluyó en el texto.
Entre sus peticiones, el partido solicitaba a Bruselas que preguntara al Gobierno si había notificado la regularización al resto de Estados miembros. La formación considera además que la medida no resuelve la gestión de las llegadas ni la tramitación del asilo, y reprocha al Ejecutivo la falta de un plan para integrar a quienes ya viven en el país.
No es la primera vez que la regularización llega a las instituciones comunitarias. A principios de año, PP y Vox trasladaron también sus críticas a Bruselas. Entonces, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, respondió que la decisión correspondía a España, como Estado miembro competente para abordar la situación legal de los migrantes presentes en su territorio.
El expediente se conoce, según El Mundo, diez días después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la danesa, Mette Frederiksen, reprocharan a Sánchez la regularización masiva de inmigrantes aprobada por su Gobierno.
