El consejero de Fomento afirma que compareció ante la Justicia en marzo de este año por dicho asunto, aunque no aclaró si lo hizo como imputado por algún delito. El consejero de Fomento y vicepresidente del Gobierno melillense, Miguel Marín, confirmó en la jornada de ayer que declaró el pasado mes de marzo en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Ciudad Autónoma por presuntas irregularidades en la contratación de un arquitecto, en concreto por no convocar previamente proceso selectivo alguno. No obstante, no aclaró si había comparecido ante la Justicia como imputado por algún delito, aunque desde Populares en Libertad (PPL) y Partido Socialista (PSOE) aseguran que lo ha hecho por supuesta prevaricación y desviación de poder.
El segundo de abordo del Ejecutivo autonómico recordó que el caso se remonta al 2010, año en el que el Colegio de Arquitectos de Melilla denunció a la Administración local por esta contratación, la cual fue anulada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de la ciudad al observar ciertas irregularidades. No obstante, la Ciudad recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien determinó que el Colegio de Arquitectos no tenía la legitimidad necesaria para plantear dicha reclamación.
Según afirmó ayer el vicepresidente, después de esta resolución, el colectivo presentó la demanda contra su persona, que en 2010, momento de la contratación, ocupaba el cargo de consejero de Administraciones Públicas. Asimismo, señaló que cuando declaró ante la Justicia el pasado mes de marzo, dos técnicos de dicha área avalaron su gestión mediante sendos informes, en los que se asegura que su actuación fue ajustada a la legalidad vigente. “Se trata de un trabajador que llegó a la Ciudad Autónoma enviado por el Servicio Público de Empleo, que en aquel entonces dependía del Gobierno socialista”, reprochó Marín, quien aseguró que las acusaciones que están vertiendo sobre él “son una cortina de humo”.
“Le legalidad de mis actos fue defendida por los técnicos de la Consejería de manera contundente”, agregó Marín, quien afirmó que no había incurrido en ninguna irregularidad y que las críticas que está recibiendo “tienen muy poco recorrido”.
Así pues, señaló que sólo le quedaba tener paciencia hasta que la Justicia dicte sentencia. Cuándo lo hará es una incógnita que ni el propio Marín supo despejar, pues afirmó que era imposible determinar el momento de la resolución. De igual modo, destacó que desde el Gobierno que preside Juan José Imbroda están “muy tranquilos” pese a lo ocurrido.
