El diputado y presidente de Somos Melilla, Amín Azmani, presentó este miércoles un escrito ante la Mesa de la Asamblea de Melilla para denunciar los obstáculos, retrasos e incumplimientos que encuentra a la hora de acceder a documentación pública en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización del Gobierno de la Ciudad.
Azmani reiteró en el escrito una solicitud presentada el pasado 8 de julio en la que reclamaba las fichas digitales de todos los expedientes de contratación menor vinculados a un CIF determinado. El diputado aclaró que su petición no consistía en recibir una relación contable de facturas, sino el índice digital de cada expediente, desde el que se identifican y pueden consultarse todos los documentos que forman parte de cada procedimiento administrativo.
"El documento remitido es exclusivamente un registro de facturas. No contiene las fichas digitales solicitadas ni permite acceder a los documentos que conforman cada expediente administrativo", señaló Azmani. Para Somos Melilla, la respuesta del gobierno de Juan José Imbroda no puede considerarse un cumplimiento de la solicitud, ya que se entregó una documentación diferente de la requerida. Esa misma petición, recordó el diputado, ni siquiera fue tramitada inicialmente en plazo y tuvo que reiterarla ante la Mesa.
El escrito advierte además de otras cuatro solicitudes pendientes con los plazos reglamentarios vencidos. Una, del 15 de junio, reclama documentación sobre el convenio con Cifal Málaga para la Cátedra de la Cultura Amazigh, cuya dotación pasó de 50.000 euros en 2025 a 75.000 euros en 2026; aunque fue trasladada a la consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, esta no ha remitido respuesta. Las otras tres, relativas a los terrenos del antiguo Cuartel de Valenzuela, los expedientes tributarios de esa operación y la compra de terrenos de Villa Pilar, ni siquiera han sido cursadas por la Mesa.
Azmani advirtió de "dos incumplimientos diferentes, pero igualmente graves": solicitudes tramitadas que quedan sin respuesta de las consejerías, y solicitudes que no llegan a cursarse en plazo. "El acceso a la información es imprescindible para que los diputados puedan controlar la acción del Gobierno. Este derecho no puede depender de que tengamos que presentar una reclamación detrás de otra", concluyó.
