La reciente crisis migratoria registrada en Melilla ha provocado un importante incremento del número de menores extranjeros no acompañados acogidos por el sistema de protección de la Ciudad Autónoma. Según informó el pasado miércoles la portavoz del Gobierno local, Fadela Mohatar, en estos momentos Melilla tutela a 312 menores, de los cuales 266 permanecen en el centro de acogida de La Purísima.
El aumento de menores se ha producido tras los intentos de entrada irregular y los asaltos registrados en el perímetro fronterizo durante los últimos días, una situación que ha obligado a la Administración autonómica a activar medidas extraordinarias para hacer frente a una presión asistencial que supera ampliamente la capacidad prevista para la ciudad.
Durante su comparecencia, Mohatar recordó que la normativa impulsada por el propio Gobierno de España fija para Melilla una capacidad de acogida de algo más de ochenta menores, una cifra muy alejada de la realidad actual. En este sentido, insistió en que el resto de menores debería ser asumido por otros territorios o por la propia Administración General del Estado, tal y como contempla el sistema diseñado para situaciones de contingencia migratoria.
El Gobierno local reclama una mayor implicación del Estado
La portavoz del Ejecutivo melillense sostuvo que corresponde al Gobierno de España reforzar la inversión destinada a las ciudades autónomas para atender a los menores migrantes o, al menos, cumplir las normas que el propio Ejecutivo ha aprobado para repartir esta responsabilidad entre los distintos territorios.
Preguntada sobre si esa redistribución se producirá de forma inmediata, Mohatar evitó pronunciarse y explicó que, por el momento, el esfuerzo de la Ciudad Autónoma está centrado en responder a una situación excepcional.
"Ahora mismo lo que estamos es atendiendo a una situación extraordinaria y respondiendo a una atención extraordinaria", señaló durante su intervención.
En este contexto, recordó las declaraciones realizadas por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, quien había señalado que Melilla se encuentra muy por encima del límite establecido dentro de la declaración de contingencia migratoria.
Mohatar insistió en que la gestión de los menores corresponde al Gobierno de España, que es quien debe aplicar la normativa vigente y adoptar las decisiones necesarias para dar respuesta al incremento de llegadas.
Una situación que, según el Gobierno, no es inédita
Durante su comparecencia, la portavoz recordó que Melilla ya ha vivido anteriormente situaciones similares.
Explicó que ha habido épocas en las que los centros de protección llegaron a acoger cerca de un millar de menores extranjeros no acompañados, por lo que señaló que la ciudad conoce este tipo de escenarios de elevada presión asistencial.
No obstante, reconoció que el incremento registrado en apenas unos días obliga a evaluar continuamente la situación y adaptar la respuesta de los servicios de protección.
Mohatar relacionó además este aumento con el contexto migratorio vivido previamente en Ceuta y aseguró que ambas ciudades están soportando una presión derivada, a su juicio, de una gestión "caótica" y "fracasada" de la política migratoria por parte del Gobierno central.
La gestión del centro continúa externalizada
En relación con el funcionamiento del centro de acogida de La Purísima, la portavoz explicó que la gestión del servicio continúa externalizada.
Según indicó, corresponde a la empresa pública Tragsatec valorar si el contrato actualmente vigente contempla la posibilidad de ampliar personal para responder a circunstancias extraordinarias como las que atraviesa Melilla.
La Administración autonómica, señaló, mantiene la contratación del servicio mientras que la organización interna y las necesidades de refuerzo deberán analizarse dentro del marco contractual establecido.
La Ciudad anuncia medidas para ampliar la capacidad de acogida
Paralelamente a estas declaraciones, la Dirección General del Menor y la Familia informó de las actuaciones puestas en marcha para reforzar el sistema de protección.
Según explicó la Ciudad Autónoma, a 30 de junio el sistema atendía a 166 menores tutelados. Tras los episodios de entrada registrados durante los últimos días, la cifra ha aumentado hasta alcanzar los 312 menores, lo que supone la incorporación de 146 nuevos menores en un periodo muy reducido de tiempo.
Ante este incremento, la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública aseguró haber activado todos los mecanismos disponibles para garantizar la atención, acogida y protección de los menores conforme a la normativa vigente y al principio del interés superior del menor.
Entre las actuaciones anunciadas figura la adaptación de los recursos disponibles para ampliar la capacidad de alojamiento y garantizar unas condiciones dignas de estancia.
Asimismo, la Ciudad Autónoma informó de la adquisición urgente de literas y colchones ignífugos solicitados expresamente a la Península con el objetivo de incrementar el número de plazas disponibles en los centros de protección.
La Administración también indicó que dispone de una planificación suficiente en materia de suministros alimentarios gracias al stock existente y al trabajo desarrollado por la empresa pública Tragsatec circunstancia que, según aseguró, está permitiendo responder al incremento de usuarios del sistema.
Además, señaló que la Dirección General del Menor y la Familia mantiene una coordinación permanente con todos los servicios implicados para garantizar la cobertura de las necesidades derivadas de esta situación excepcional.
Mientras la Ciudad Autónoma asegura haber reforzado el sistema de protección, distintas organizaciones sociales y sindicales han denunciado públicamente las condiciones existentes en el centro de acogida de La Purísima.
El sindicato CGT, junto a varias organizaciones no gubernamentales, sostiene que el incremento del número de menores ha provocado una situación de hacinamiento que está afectando al funcionamiento cotidiano del centro.
Según las denuncias realizadas, decenas de menores están durmiendo sobre colchones, mantas y cartones colocados directamente en el suelo debido a la falta de camas suficientes para todos los acogidos.
Las organizaciones también aseguran que los menores permanecen distribuidos por distintas zonas comunes, salas y pasillos del edificio.
En declaraciones a EFE, el secretario general de CGT en Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, calificó la situación como "caótica" y "deplorable".
Según explicó, los menores afrontan dificultades relacionadas con aspectos básicos como la alimentación, la disponibilidad de ropa y el acceso al agua potable.
Asimismo, denunció que el centro presenta una importante carencia de materiales de uso diario, entre ellos literas y colchones suficientes para atender al elevado número de menores acogidos.
Montenegro afirmó que el incremento de usuarios no ha ido acompañado del refuerzo de personal necesario para garantizar una atención adecuada.
A su juicio, la situación resulta especialmente preocupante porque no se están cubriendo ni las bajas laborales ni los periodos vacacionales de parte de la plantilla.
Una plantilla que, según el sindicato, resulta insuficiente
El representante sindical explicó que la normativa establece un mínimo de cuatro profesionales por módulo.
Sin embargo, aseguró que actualmente trabajan entre 16 y 30 empleados para atender los cinco módulos existentes durante los días laborables, cifra que, según indicó, desciende hasta apenas diez trabajadores durante los fines de semana.
Esta situación, sostuvo, está provocando un funcionamiento que calificó como un "verdadero desastre".
Montenegro añadió que la realidad que viven diariamente los profesionales y los menores acogidos difiere de la imagen ofrecida por la Ciudad Autónoma.
También recordó que CGT lleva tiempo reclamando un incremento de los recursos humanos, técnicos y materiales destinados al centro de protección sin haber obtenido respuesta.
Mec de la Rue solicita la intervención de la Fiscalía
A estas denuncias se suma la presentada por la ONG Mec de la Rue.
La organización ha registrado un escrito ante la Fiscalía de Menores de Melilla solicitando una intervención urgente ante la situación que, según sostiene, atraviesan los menores acogidos en La Purísima.
De acuerdo con la asociación, algunos menores habrían optado por abandonar el centro y permanecer en la calle debido a las condiciones existentes en las instalaciones.
Entre los problemas señalados figuran la falta de camas suficientes, la escasez de ropa y las dificultades para acceder a alimentación adecuada.
La organización considera que estas circunstancias requieren una actuación inmediata para garantizar los derechos y la protección de los menores tutelados.
La Ciudad reitera su compromiso con la protección de la infancia
Frente a estas denuncias, la Ciudad Autónoma mantiene que ha reaccionado con rapidez ante el incremento extraordinario de llegadas registrado durante los últimos días.
La Dirección General del Menor y la Familia sostiene que se han activado todos los recursos disponibles para garantizar la atención integral de los menores y preservar su bienestar durante esta situación excepcional.
Asimismo, insiste en que la ampliación de plazas mediante la adquisición de nuevo equipamiento y la coordinación permanente con los distintos servicios permitirán afrontar este incremento puntual de menores bajo tutela.
El Ejecutivo local reitera además que continuará adoptando las medidas que resulten necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema de protección mientras persista esta situación extraordinaria, al tiempo que insiste en que corresponde al Gobierno de España aplicar los mecanismos previstos para aliviar la presión asistencial que soporta Melilla mediante el traslado de menores a otros territorios conforme a la normativa vigente.
