El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, aseguró este jueves, a preguntas de los periodistas, que el PSOE no ganará las elecciones generales de 2027 pese a la "ley de nietos". Imbroda matizó que el PP no se opone a que los descendientes de españoles emigrados obtengan la nacionalidad, sino que cuestiona "la oportunidad, el momento y la forma" en que el Gobierno tramita esta norma.
"El Partido Popular no era contrario a que se dieran nacionalidades a los nietos, a los descendientes españoles que emigraron fundamentalmente a España y que han trabajado allí, han hecho su vida allí, que eran de aquí", explicó Imbroda, quien insistió en que la queja de su partido se centra en esa "cuestión de oportunidad, de momento y de forma".
El presidente melillense señaló además que la tramitación "huele mal", denunciando que se está haciendo "a marcha martillo, corriendo, sin pensar en los trámites necesarios" y con el objetivo de "sacar un electorado que le salve el pellejo" al PSOE de cara a los próximos comicios.
Pese a esta advertencia, Imbroda descartó tajantemente que la estrategia dé resultado. "Ni aún así tampoco. No tienen salvación electoralmente hablando. Judicialmente parece que tampoco, pero electoralmente no la van a tener".
La "ley de nietos" es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que facilita la nacionalidad española a descendientes de exiliados. Según ha informado el diario The Objective, una instrucción de 2022 firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, amplió los documentos válidos para acreditar esa condición, incluyendo certificados de partidos políticos o sindicatos, lo que ha motivado una querella de Hazte Oír por presunta prevaricación.
Según datos del Ministerio de Exteriores citados por ese medio, se han registrado más de 2,4 millones de solicitudes, de las que 545.000 expedientes ya están aprobados y 310.000 personas han completado su inscripción consular. La previsión apunta a que, para las próximas generales, unos 600.000 nuevos electores podrían sumarse al censo CERA.
Las declaraciones de Imbroda llegan en un contexto de tensión política en torno a una norma que el PP considera diseñada con fines electorales.
