CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha presentado un recurso de alzada ante la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla contra la orden que crea la Comisión Técnica encargada de estudiar y proponer la estructura retributiva de los órganos directivos de la Administración local, constituida sin contar con ninguna organización sindical ni con los órganos de representación de los trabajadores.
CSIF denuncia que la comisión ha sido constituida con una composición exclusivamente administrativa y técnica, sin que la Administración haya ofrecido una justificación suficiente para dejar fuera a quienes representan a los empleados públicos. El sindicato subraya que esta exclusión resulta especialmente llamativa porque la comisión se ha creado de forma paralela a otra que ya está valorando los puestos del resto de empleados de la Ciudad Autónoma y en la que sí participan los agentes sociales, algo que considera un agravio difícil de justificar.
El sindicato recuerda que ya solicitó formalmente su incorporación a la comisión o, al menos, la participación de representantes de la Junta de Personal y del Comité de Empresa. La Administración no atendió esa petición en ninguno de sus términos.
Para CSIF, lo más preocupante es que la orden no contempla ningún mecanismo alternativo de audiencia, información o consulta a las organizaciones sindicales durante los trabajos de la comisión. La organización considera que abordar la estructura salarial de los órganos directivos sin presencia sindical merma las garantías, el control democrático y la confianza de los trabajadores y la ciudadanía.
El recurso solicita que se modifique la composición de la comisión para incorporar representación sindical o, de forma subsidiaria, que se establezcan mecanismos formales de participación consultiva antes de que las conclusiones sean elevadas a los órganos competentes. CSIF advierte que seguirá defendiendo la participación de los representantes de los trabajadores en todos los espacios donde se adopten decisiones con repercusión sobre el empleo público en Melilla.
