Coalición por Melilla (CpM), a través de su diputado Emilio Guerra, ha mostrado su preocupación tras la autorización concedida esta semana por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la adquisición por parte de Balearia de los activos de Armas Trasmediterránea en la zona de Alborán.
La operación ha sido aprobada en segunda fase y con condiciones por parte del regulador, que reconoce en su resolución que la integración genera un monopolio en el transporte marítimo regular de pasajeros y de carga rodada entre la Península y Melilla.
Entre las medidas impuestas por la CNMC figura la limitación de incrementos de precios tanto en el transporte de carga como en los billetes de pasajeros durante la temporada vacacional. Estas restricciones tendrán una duración de cinco años, prorrogables por otros cinco, además de contemplar el mantenimiento de las actuales condiciones de calidad del servicio.
Sin embargo, desde CpM consideran que las condiciones establecidas por el organismo regulador son insuficientes para garantizar la protección de los intereses de Melilla a medio y largo plazo. Emilio Guerra ha señalado que las medidas aprobadas representan únicamente un mecanismo de vigilancia temporal y no una solución estructural al problema generado por la concentración empresarial.
La formación recuerda que la propia CNMC reconoce en su resolución que los compromisos asumidos por la naviera solo resuelven parcialmente los problemas detectados en el mercado marítimo del mar de Alborán.
Para CpM, Melilla no puede depender de compromisos limitados en el tiempo cuando están en juego cuestiones esenciales como el abastecimiento de mercancías, la movilidad de los ciudadanos y el coste de productos básicos que llegan diariamente por vía marítima.
El diputado Emilio Guerra ha advertido además de los riesgos que, según sostiene la formación, suelen generar los monopolios a largo plazo. Entre ellos, menciona posibles incrementos progresivos de tarifas, reducción de frecuencias, deterioro de la calidad del servicio y una menor capacidad de negociación por parte de las instituciones públicas.
En este contexto, Coalición por Melilla defiende la necesidad de blindar la conectividad marítima de la ciudad y tratarla como un servicio público esencial.
La formación también ha recordado que las líneas marítimas entre Almería y Melilla y entre Motril y Melilla funcionan actualmente bajo el régimen de obligaciones de servicio público adjudicadas por el Ministerio de Transportes.
Según Emilio Guerra, uno de los principales riesgos señalados por la propia CNMC es la desaparición de la competencia efectiva en el mercado marítimo de Alborán, lo que podría afectar también a futuros concursos públicos relacionados con las líneas subvencionadas.
Desde CpM sostienen que, si solo existe un operador dominante en la zona, las futuras licitaciones podrían celebrarse sin competencia real, reduciendo la capacidad de las administraciones para obtener mejores condiciones económicas y de servicio.
La formación asegura que defiende tanto la conectividad marítima como la competencia empresarial, al considerar que ambas cuestiones son fundamentales para garantizar precios razonables y servicios adecuados para los ciudadanos de Melilla.
En este sentido, Emilio Guerra ha advertido de que la falta de competencia no solo podría repercutir en el precio de los billetes para pasajeros, sino también en el coste que asume el Estado para mantener las conexiones marítimas de servicio público.
CpM subraya además que, en una ciudad donde gran parte de los productos de consumo llegan por vía marítima, cualquier incremento en los costes logísticos termina repercutiendo directamente sobre las familias melillenses.
Por ello, la formación considera que esta situación no debe pasar desapercibida para la opinión pública y reclama una respuesta institucional más amplia.
Entre las medidas propuestas por CpM se encuentra la ampliación de las limitaciones tarifarias también a los periodos de alta demanda, así como un refuerzo de las frecuencias marítimas, de la capacidad de carga rodada y de las condiciones de calidad de la flota en los futuros pliegos de obligaciones de servicio público.
Asimismo, Emilio Guerra plantea la creación de una comisión de seguimiento encargada de supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la CNMC, con participación de la Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria y representantes de los sectores económicos locales.
Finalmente, Coalición por Melilla propone abrir un debate sobre la necesidad de que la conectividad marítima de la ciudad reciba un tratamiento similar al de los territorios insulares, dada su dependencia estructural del transporte marítimo.
