La senadora del Partido Popular por Melilla, Isabel Moreno, denunció este viernes en la Comisión de Sanidad del Senado la situación de las valoraciones de discapacidad que dependen del Imserso, un problema que, según afirmó, está provocando retrasos en el acceso a terapias, ayudas y recursos para numerosas familias de Ceuta y Melilla. La parlamentaria atribuyó esta situación a la gestión del Gobierno central en materia sanitaria y social.
Durante su intervención, Moreno aseguró que ambas ciudades autónomas atraviesan una situación de “abandono y precariedad” derivada de la falta de respuesta ante diferentes problemas asistenciales. En este sentido, señaló que la escasez de profesionales de salud mental y los retrasos en la atención especializada están teniendo consecuencias especialmente graves para los pacientes más vulnerables.
La senadora sostuvo que estas dificultades se ven agravadas por la acumulación de expedientes pendientes relacionados con la valoración de la discapacidad. Según indicó, esta situación retrasa la llegada de tratamientos, apoyos y prestaciones para personas que necesitan una respuesta administrativa para acceder a determinados recursos.
Moreno también dirigió sus críticas al Ministerio de Sanidad y a su titular, Mónica García. A su juicio, la situación que viven Ceuta y Melilla evidencia un “fracaso” en la gestión sanitaria del Gobierno. Como ejemplo, recordó que Melilla fue declarada zona de difícil cobertura hace más de tres años y aseguró que, desde entonces, no se han aplicado medidas eficaces para reforzar la asistencia sanitaria ni para solucionar los problemas estructurales que afectan tanto a la salud mental como a la tramitación de prestaciones vinculadas a la discapacidad.
La representante popular concluyó reclamando una respuesta a estas cuestiones y defendió la necesidad de adoptar medidas que permitan mejorar la atención a los ciudadanos afectados. En su intervención, afirmó que resolver estos problemas constituye una cuestión de “humanidad, dignidad y responsabilidad política”.
Moreno insistió en que los retrasos administrativos tienen un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. En este sentido, advirtió de que la demora en los procedimientos de valoración dificulta el acceso a recursos considerados esenciales para muchos ciudadanos.
La senadora defendió la necesidad de reforzar tanto la atención sanitaria como los mecanismos de gestión de las prestaciones vinculadas a la discapacidad, especialmente en territorios como Melilla y Ceuta, donde, según expuso, persisten problemas estructurales que siguen sin resolverse.
