La operación, denominada 'Okupa', ha supuesto la detención de siete personas, todas ellas vecinas de Melilla. La Guardia Civil ha desarticulado en Melilla una red de personas dedicada a la usurpación de viviendas, para lo cual localizaban aquellas que se encontraban deshabitadas durante mucho tiempo y sobre las que simulaban un contrato de alquiler para acceder a ellas y así poder beneficiarse de posibles subvenciones.
Según informó ayer en un comunicado de prensa la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, la operación, denominada ‘Okupa’, se ha desarrollado bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número tres de Melilla y ha supuesto la detención de siete personas.
Además, informó de que la investigación se inició el pasado mes de septiembre, a partir de una denuncia que presenta en la Comandancia un representante de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Melilla (Emvismesa) que, según la nota, “había detectado anomalías y movimientos extraños no acordes con los precios de mercado, tras la supervisión de los expedientes de depósitos y devoluciones de fianzas en viviendas de alquiler”.
El ‘modus operandi’, según explicó la Guardia Civil, consistía, en primer lugar, en localizar en Melilla las viviendas que se encontrasen deshabitadas, la mayoría de ellas propiedad de personas mayores que no residían en la ciudad o que habían fallecido.
Posteriormente, las personas que conformaban esta red se dirigían al Registro de la Propiedad donde solicitaban una “nota simple”, con el fin de tener los datos registrales y el número de la referencia catastral del domicilio escogido, que les permitía a su vez elaborar un contrato ficticio de arrendamiento, en el que figuraba como propietario y arrendador de la vivienda uno de los integrantes del entramado investigado y como arrendatario otro que elegían al que se le ofrecía el inmueble.
Posteriormente, este contrato ficticio lo presentaban en Emvismesa con el fin de tener un documento debidamente diligenciado por una administración pública, lo que a su vez les permitía acudir a las empresas suministradoras de agua, luz o gas, así como a otros organismos oficiales, en los que podían incluso solicitar algún tipo de ayuda económica.
Los siete detenidos de esta red, que estaba asentada en Melilla, son todos vecinos de la ciudad, cinco de ellos de nacionalidad española y los otros dos extranjeros, con tarjeta de residencia.
Además, fruto de esta investigación, se han localizado 34 viviendas sobre las que el grupo había obtenido información para acceder a ellas, tres de las cuales ya estaban ocupadas, por personas de la red, sus familiares u otras personas elegidas por ésta, según la nota de la Guardia Civil.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental y usurpación de vivienda, llevados a cabo de forma organizada.
