El secretario general de los socialistas locales afirma que se han anulado artículos del Reglamento que afectan, por ejemplo, a la promoción interna o los ascensos.
Gregorio Escobar, secretario general de los socialistas locales, afirmó ayer que el fallo del Tribunal Supremo, que anula trece artículos del Reglamento de la Policía Local afecta también directamente a este Cuerpo, generando un “limbo jurídico”, además de a los agentes de Movilidad y Medioambiental, así como a los ciudadanos melillenses.
En la rueda de prensa que ofreció ayer en la sede de su partido, Escobar dijo que, por ejemplo, el artículo 17 de este Reglamento, ahora anulado, “establecía las escalas y categorías profesionales del Cuerpo de la Policía Local, por lo que nos encontramos ahora con una situación en la que veremos cómo afecta a temas como la promoción interna o los ascensos”.
También indicó que la sentencia anula otros artículos 34.4 y 37, que hacen referencia al uso de la placa y a su valor, así como al material y los medios que pueden utilizar los agentes de Policía Local en el desarrollo de sus funciones”.
Este hecho, en opinión de Escobar, supone que habrá que volver a lo que establece la Ley, “aunque ésta lo que nos dice es que para aplicar determinadas cuestiones lo que hace falta es que estén desarrolladas reglamentariamente”.
Sin embargo, la cuestión que más preocupa a los socialistas es en qué situación quedan ahora los 22 agentes, “empleados públicos que se encuentran sin posibilidades de desarrollar sus funciones”. “Están en un limbo jurídico respecto a cuál va a ser su actuación en el cumplimiento de su trabajo en el ámbito de la Ciudad”, apuntó Escobar.
El líder de los socialistas recordó que estos 22 trabajadores adquirieron el carácter de funcionarios de la Ciudad Autónoma precisamente tras ser nombrados agentes Medioambientales y de Movilidad. “Eran vigilantes de Servicios Generales y por tanto eran personal laboral fijo de la Ciudad. Ahora habrá que determinar cómo va a quedar la situación de éstos”, manifestó y anunció que será uno de los temas que pedirán a los Servicios Jurídicos de la Ciudad que aclaren.
“Desde el PSOE, lo que queremos es que esto debe ser solucionado de forma inmediata y que el Reglamento debe ser reformado también de forma inmediata”, cuestiones que indicó, su Grupo va a plantear hoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en cuyo orden del día no esta previsto este asunto, “pero que abordaremos en el ámbito de ruegos y preguntas”, subrayó.
Por último, Escobar se preguntó por qué todavía no se había publicado el fallo del Tribunal en el Boletín Oficial de la Ciudad, “a pesar de haber sido dictada el pasado 16 de marzo y que se establece la obligación de ser publicada”, aunque reconoció que “no sabemos en qué fecha ha sido recepcionada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma”, concluyó el secretario general de los socialistas locales.
¿Qué pasa con las multas?
Otra de las cuestiones que planteó Escobar tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo es qué va a pasar ahora con las sanciones y multas impuestas por estos agentes. Asegura que la nulidad de los artículos que hacían referencia a estos agentes y por tanto su legalidad como tales “haga dudar sobre la validez jurídica de las sanciones que impusieron y que podamos estar por tanto en una situación en la que la Ciudad tendrá que establecer un sistema para determinar si esos procedimientos han sido ajustados a legalidad y qué va a pasar con esos ciudadanos que pagaron esas multas en base a esos procedimientos sancionadores. Eso es una duda que tenemos y que queda abierta con esta sentencia”, puntualizó el líder socialista.
Igualmente informó de que este será otro de los aspectos que se planteé en la Comisión de hoy.
Oídos sordos a las advertencias
Escobar incidió ayer en el hecho de que el Grupo Popular hizo oídos sordos a las distintas advertencias sobre la ilegalidad que estaba cometiendo al crear dos cuerpos de funcionarios nuevos, a través de un Reglamento y sin tener la habilitación legal necesaria para ello, incumpliendo la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un aspecto que como recordó, “deja muy claro la sentencia”.
En este sentido informó de que primero fue el Grupo Socialista, durante la tramitación del Reglamento, quien advirtió de esa ilegalidad. Que posteriormente fueron los agentes sindicales y por último, “por la propia Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno y de los informes correspondientes de la Abogacía del Estado, que indicaron que se estaba vulnerando la Ley en ese y en otros preceptos”, comentó.
