Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han mostrado posiciones divergentes tras la reunión mantenida con el Ministerio de Defensa para abordar el reconocimiento de la profesión militar como actividad de riesgo. Mientras algunas organizaciones valoran el inicio del trámite, otras critican la falta de concreción y cuestionan la solidez de la propuesta.
El encuentro, celebrado el 9 de abril en la sede ministerial y presidido por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada, sirvió para trasladar la intención del departamento de elevar una propuesta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incluir a todo el personal militar dentro de las profesiones de riesgo.
Desde Asfaspro, AUME y UMT consideran positivo que la medida se extienda a todos los militares, tanto del régimen de Clases Pasivas como del de Seguridad Social, una reivindicación histórica de estas asociaciones. No obstante, advierten de que este avance debe ir acompañado de garantías que eviten desigualdades. En este sentido, subrayan que “no puede haber diferencias en la pensión de los militares en función de su adscripción a uno u otro régimen”, y reclaman medidas que impidan una brecha en las pensiones.
Estas organizaciones también han solicitado una participación activa en el desarrollo del proceso, así como acceso a información detallada sobre su evolución. Además, expresan su preocupación ante la posibilidad de que el anuncio quede en una mera declaración sin efectos reales o que, de no aplicarse correctamente, termine incrementando los desequilibrios existentes.
En una línea más crítica, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) considera que la reunión evidenció la falta de avances concretos. Según esta entidad, el Ministerio no presentó documentación técnica, informes ni borradores que permitan evaluar el alcance de la iniciativa, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad.
ATME señala que, pese a las explicaciones ofrecidas, no existe un compromiso formal ni un calendario claro, ni tampoco se ha definido un mecanismo de participación estable para las asociaciones profesionales. A su juicio, la propuesta se encuentra en una fase preliminar y carece de una estructura que garantice su desarrollo efectivo.
Asimismo, esta organización plantea interrogantes sobre aspectos clave, como el carácter voluntario de la medida o su aplicación al personal temporal, cuestiones que no obtuvieron respuestas concretas durante la reunión.
En este contexto, las asociaciones coinciden en reclamar mayor transparencia y claridad por parte del Ministerio de Defensa, aunque difieren en su valoración del anuncio. Mientras unas lo interpretan como un primer paso que debe consolidarse con garantías, otras lo consideran insuficiente y alejado de una solución inmediata.
