Emilio Guerra asegura que hay 22 trabajadores afectados por la sentencia del Supremo.
El coordinador de Unión, Progreso y Democracia en Melilla (UPyD), Emilio Guerra, pidió la comparecencia pública del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, para que explique a la ciudadanía las razones, las posibles consecuencias y las medidas que adoptará su ejecutivo tras conocerse la sentencia 1884/2012 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo al respecto de la ilegalidad de varios artículos del Reglamento de la Policía Local, donde se incluían a los agentes de movilidad de la Ciudad.
Desde UPyD se considera especialmente “grave” que desde el Gobierno local se pusiese en marcha la creación de un cuerpo auxiliar con unas competencias y estatus de autoridad “más que discutibles habiendo precedentes legales que las rechazaban por no estar ajustadas a derecho”.
Guerra indicó que el asunto fue recurrido por la Delegación del Gobierno, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló favorablemente a la tesis municipal.
Para el dirigente magenta, al margen de las responsabilidades políticas “el asunto es de mucha mayor trascendencia”, ya que hay “un colectivo de veintidós trabajadores al que se le ha dado falsas condiciones y expectativas laborales”. Además, apuntó que debe evaluarse el “coste económico”.
Guerra insistió en que Imbroda debe dar “explicaciones públicas cuanto antes y asegurar las condiciones laborales de un colectivo de trabajadores que no tienen la culpa de los errores y meteduras de pata de su administración”. UPyD afirmó que existen “responsabilidades políticas que depurar también”, por lo que instó al presidente de la Ciudad a tomar medidas “eficientes y ejemplares al respecto”.
Finalmente, mostró su “preocupación” por las posibles incidencias y repercusiones que la “clara y contundente” sentencia del Supremo pueda tener sobre el colectivo de agentes de movilidad y medioambientales.
