Melilla continúa presentando un modelo de protección de menores fuertemente apoyado en centros de acogida y con escasa implantación del acogimiento familiar, según refleja el Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia y la Adolescencia correspondiente a 2023, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia. La ciudad autónoma destaca por la elevada presión sobre su sistema en relación con su población, en un contexto marcado por la llegada de menores extranjeros no acompañados.
El informe, que recopila información de todas las comunidades autónomas, así como de Ceuta y Melilla, ofrece una visión global del funcionamiento del sistema de protección en España. Aunque no incluye un análisis narrativo específico sobre la ciudad autónoma, los datos comparativos permiten identificar sus singularidades, especialmente en lo relativo al predominio del acogimiento residencial frente al familiar.
A diferencia de la tendencia general en el conjunto del país, donde se impulsa progresivamente el acogimiento en entornos familiares como alternativa a la institucionalización, en Melilla sigue prevaleciendo el recurso a centros de menores. Esta situación está vinculada tanto a las características de la población atendida como a la limitada disponibilidad de familias acogedoras en el territorio.
Una parte significativa de los menores tutelados en la ciudad carece de referentes familiares en España, lo que dificulta la aplicación de medidas de acogimiento familiar. A ello se suma la escasa red de familias dispuestas a participar en este tipo de programas, lo que reduce las opciones y refuerza la dependencia de los recursos residenciales gestionados por la Administración.
El boletín también refleja que Melilla presenta un volumen elevado de tutelas y guardas en proporción a su población. Esta circunstancia implica una mayor intervención de los servicios de protección y una presión constante sobre los recursos disponibles, en un sistema que debe atender tanto situaciones de desprotección social como dinámicas derivadas de los flujos migratorios.
Entre los datos recogidos figuran también las notificaciones de posibles casos de maltrato infantil a través del Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), en el que Melilla está integrada. Estos registros, no obstante, dependen de la capacidad de detección y notificación de cada territorio, por lo que su interpretación debe realizarse con cautela.
El documento del Ministerio apunta, en términos generales, a una evolución del sistema hacia modelos más preventivos y centrados en el entorno familiar. Sin embargo, también pone de manifiesto la existencia de diferencias territoriales significativas. En este contexto, Melilla se sitúa como uno de los ejemplos más claros de divergencia respecto a la media estatal, debido a factores estructurales como su condición de frontera exterior de la Unión Europea y la presión migratoria sostenida.
No obstante, el propio marco temporal del informe introduce matices en la lectura de los datos. Las cifras corresponden a 2023, un periodo en el que la presión sobre los centros de acogida era notablemente superior a la actual. En los últimos meses, esta situación ha experimentado cambios como consecuencia de los traslados de menores a recursos en la península.
Estas reubicaciones han sido posibles tras la reforma de la Ley de Extranjería, que contempla el traslado de menores extranjeros no acompañados entre territorios. Según ha señalado recientemente en Melilla el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, esta medida se prorrogará durante un año más, lo que podría contribuir a aliviar la carga sobre el sistema local de protección.
Pese a esta evolución reciente, los datos del boletín reflejan un modelo estructural que sigue presentando limitaciones para avanzar hacia fórmulas menos institucionalizadas. La falta de una red consolidada de acogimiento familiar continúa siendo uno de los principales retos, especialmente en un contexto donde los perfiles de los menores atendidos dificultan la aplicación de este tipo de medidas.
El informe se configura así como una herramienta para evaluar la situación y orientar futuras políticas públicas. En el caso de Melilla, pone de relieve la necesidad de adaptar el sistema a sus particularidades y de reforzar los recursos disponibles, en un escenario marcado por factores diferenciales respecto al resto del país.
