Hay decisiones políticas que, por mucho que se intenten explicar desde los despachos, resultan difíciles de entender para la ciudadanía. Una de ellas es el empeño del Gobierno de España y, en particular, del Ministerio del Interior, en no reconocer como profesiones de riesgo a la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Ejército. Una negativa que provoca perplejidad cuando se observa la realidad diaria de quienes integran estos cuerpos y comprueban que cada jornada laboral puede convertirse en una cuestión de vida o muerte.
No parece ni medianamente normal que quienes se enfrentan a delincuentes armados, a organizaciones criminales o a situaciones violentas de todo tipo no tengan ese reconocimiento oficial. Son hombres y mujeres que salen de casa sin saber si regresarán al final del día, porque su trabajo consiste precisamente en colocarse en la primera línea cuando surge el peligro.
El contraste se hace todavía más llamativo cuando se observa que otras profesiones sí cuentan con ese reconocimiento. Basta pensar que actividades muy alejadas del riesgo físico extremo sí están catalogadas como profesiones de riesgo, caso de los actores, mientras que quienes se enfrentan cada día a criminales, narcotraficantes o situaciones de violencia no lo están. La contradicción resulta tan evidente que cuesta comprender la obstinación del Ejecutivo en mantener esta situación.
La tragedia ocurrida en Barbate hace unos meses debería haber servido para abrir una reflexión seria sobre esta cuestión. Dos guardias civiles perdieron la vida mientras cumplían con su deber en una operación contra el narcotráfico en el Estrecho. Aquella noche acudieron al servicio en condiciones extremadamente complicadas, con un fuerte temporal en el mar y con medios que poco podían hacer frente a las potentes embarcaciones utilizadas por los narcotraficantes.
Aun así, cumplieron las órdenes recibidas. Salieron al mar sabiendo que las condiciones no eran las mejores y que el enfrentamiento con los narcos podía resultar desigual. Y lo fue. Aquellos agentes terminaron siendo víctimas de una violencia brutal mientras trataban de frenar la actividad de organizaciones que llevan años operando con creciente impunidad en esa zona.
El episodio dejó además imágenes que resultaron especialmente indignantes para buena parte de la sociedad. Mientras se producía el ataque que terminó con la vida de los guardias civiles, personas vinculadas al narcotráfico jaleaban desde las inmediaciones a quienes protagonizaban la agresión. Una escena que simboliza hasta qué punto algunos delincuentes se sienten cómodos desafiando abiertamente a las fuerzas de seguridad.
Pero si aquello ya resultó doloroso, la sorpresa ha sido aún mayor al conocerse que la Abogacía del Estado no ejercerá la acusación contra el narcotraficante marroquí implicado en aquellos hechos. Serán finalmente los familiares de las víctimas y distintas asociaciones profesionales quienes asuman el peso de la acusación en el proceso judicial.
Resulta inevitable preguntarse cómo puede justificarse una decisión así cuando lo que está en juego es el asesinato de dos servidores públicos que murieron cumpliendo con su deber. Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, continúa defendiendo la labor de las fuerzas de seguridad con declaraciones institucionales que suenan cada vez más vacías para muchos de sus propios agentes.
Porque las palabras de reconocimiento son importantes, pero no sustituyen a las decisiones políticas. Y entre esas decisiones está precisamente el reconocimiento de que la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército desempeñan una labor que entraña riesgos evidentes.
Quizá por eso cada vez son más las voces que reclaman menos discursos y más hechos. Menos aplausos institucionales y más medidas concretas que reflejen el respeto real hacia quienes garantizan la seguridad de todos.
Al final, la pregunta es inevitable: si enfrentarse al crimen organizado, al narcotráfico o a situaciones violentas no es una profesión de riesgo, entonces ¿qué lo es? Porque quienes se ponen el uniforme cada día lo saben perfectamente. Y también lo saben las familias que esperan en casa cada vez que suena el teléfono y comienza un nuevo servicio.
