La Administración General del Estado se encuentra de nuevo en el centro del debate sobre discriminación por edad tras la denuncia de Juanjo Florensa, funcionario de carrera con más de 37 años de experiencia, quien ha sido excluido de manera definitiva de un proceso de promoción interna al Cuerpo General Administrativo (C1) únicamente por haber alcanzado los 65 años. Esta decisión se produce a pesar de que el afectado se encuentra legalmente en servicio activo prorrogado hasta los 70 años.
Florensa ha calificado su situación como un caso de “Edadismo Institucional”, término que se encuentra recogido en informes del Consejo de Europa, los cuales señalan que el tramo de edad entre 55 y 64 años es el más afectado por la discriminación laboral y en la promoción profesional. Según estos informes, “se producen los hechos más notorios por discriminación por la edad tanto en el ámbito laboral como en la promoción profesional”.
El funcionario se presentó en 2024 a la convocatoria de promoción interna para ascender de C2 a C1, amparándose en el artículo 18 del TREBEP, que garantiza el derecho a la carrera profesional. Tras superar con éxito el proceso, su nombre apareció en las listas de septiembre de 2025, donde se le solicitaba confirmar su continuidad en la Agencia Tributaria de Melilla.
No obstante, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 19 de febrero de 2026 publicó los nombramientos del resto de aspirantes, excluyéndolo únicamente por haber alcanzado los 65 años. La Administración justificó su decisión mediante una interpretación restrictiva de la Orden HFP/688/2017, pasando por alto que el artículo 67.3 del TREBEP permite la prórroga en servicio activo hasta los 70 años, prórroga que le fue concedida a Florensa en agosto de 2025.
En palabras del propio afectado: “Se da la circunstancia que desde agosto del año 2025 se me concede la prórroga en la Administración en servicio activo hasta los 70 años. Circunstancia que no se ha tenido en cuenta en virtud de la sesgada interpretación de las bases de la convocatoria”. La contradicción es evidente: la Administración lo considera “jubilado” para impedir su ascenso, pero al mismo tiempo “activo” para continuar trabajando.
La exclusión de Florensa cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que el 26 de julio de 2024 se publicó el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, que plantea elevar la edad de jubilación voluntaria de 70 a 72 años, con el objetivo de retener talento sénior y asegurar la transferencia de conocimiento. Mientras el legislador reconoce la importancia de aprovechar la experiencia de los empleados públicos, la actuación de la Administración contradice esta premisa, aplicando criterios que impiden a quienes desean seguir progresando en su carrera hacerlo de manera justa.
“Esta situación es del todo incongruente al considerarme simultáneamente como jubilado y en servicio activo, negándome mi derecho a la carrera administrativa”, asegura Florensa.
Los servicios jurídicos de CCOO Melilla han presentado un Recurso de Reposición y han asegurado que seguirán todos los procedimientos legales y administrativos necesarios para defender los derechos del funcionario y depurar responsabilidades. La organización sindical también ha señalado que este caso refleja un problema estructural que requiere una respuesta firme y sostenida, y que evidencia un patrón creciente de decisiones administrativas que vulneran derechos fundamentales, obligando a los trabajadores a judicializar situaciones que deberían resolverse dentro de la propia Administración.
Florensa ha presentado además una queja ante el Defensor del Pueblo (registro 26017453) por vulneración del artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por motivos de edad. Su caso será incorporado al Informe Anual del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM), gestionado por HelpAge España. El funcionario ha agradecido la intervención de Carla Bonell Pagano, responsable de Derechos Humanos de la entidad, por su apoyo en la lucha contra el edadismo.
Organizaciones como CONFEMAC y Som Seniors han alertado reiteradamente sobre el incremento de casos de edadismo en la Administración. El caso de Florensa no es aislado: miles de empleados públicos mayores de 60 años se encuentran atrapados entre normativas contradictorias, convocatorias restrictivas y decisiones administrativas que ponen en riesgo sus derechos.
El funcionario ha destacado que la preparación de la oposición supuso un esfuerzo significativo, tanto personal como económico, incluyendo desplazamientos desde Melilla a Málaga, con los riesgos habituales que conlleva el transporte para los opositores de la ciudad autónoma.
Florensa concluye su denuncia recordando que su lucha trasciende su caso personal: “No lucho solo por mí. Lucho para que ningún empleado público vuelva a ser discriminado por cumplir años mientras sigue en servicio activo. Todos cumplimos años: cualquiera puede ser víctima de edadismo”.
