La Guardia Civil ha detenido en Melilla a un empresario del sector de importación y comercialización de productos de alimentación como presunto responsable de un fraude cercano a los 300.000 euros en subvenciones públicas concedidas por la Ciudad Autónoma a través de PROMESA. La actuación se enmarca en la denominada operación CAJU y ha sido desarrollada bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla.
Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil, la investigación permitió detectar irregularidades en varias ayudas adjudicadas en el año 2022 a través de la entidad pública PROMESA, dependiente de la Ciudad Autónoma. El detenido, considerado máximo responsable de la trama, habría solicitado subvenciones mediante una red de cuatro empresas que se encontraban bajo su control, alcanzando beneficios económicos próximos a los 300.000 euros.
Las pesquisas fueron llevadas a cabo de forma conjunta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal (UDAIFF) de la Comandancia de Melilla. La actuación se inició tras detectarse indicios de posibles anomalías en la tramitación y justificación de determinadas ayudas públicas concedidas a las sociedades vinculadas al empresario ahora detenido.
Durante el desarrollo de la investigación, los agentes constataron que el empresario habría presentado documentación falsa para garantizar la concesión de las subvenciones. Entre los documentos aportados figuraban seguros y avales que, tras las comprobaciones realizadas, resultaron ser inexistentes. Esta circunstancia permitió sostener la hipótesis de una actuación planificada para asegurar la percepción de los fondos públicos.
La maniobra provocó la denuncia tanto de la entidad aseguradora cuya identidad fue presuntamente suplantada como de la propia Ciudad Autónoma de Melilla, al apreciarse indicios de un posible delito contra la Hacienda Pública. La Guardia Civil ha señalado que el fraude no solo afectó a la administración pública, sino también a diversas entidades privadas.
A diferencia de otras líneas de ayudas, las subvenciones investigadas no eran a fondo perdido. El beneficiario tenía la obligación legal de devolver las cantidades percibidas en los términos establecidos en la concesión. Sin embargo, tras meses de análisis documental y rastreo de cuentas bancarias, los investigadores acreditaron que el presunto autor no reintegró el dinero recibido.
Como consecuencia, el perjuicio económico se habría extendido tanto a las arcas públicas de Melilla como, al menos, a dos empresas privadas del sector. La Guardia Civil ha destacado la complejidad de la investigación, que requirió un examen exhaustivo de documentación financiera y mercantil, así como una prolongada labor de coordinación entre las unidades especializadas implicadas en el caso.
La fase de explotación de la operación CAJU concluyó con la detención de un varón adulto, empresario con residencia en la ciudad, al que se le atribuyen, con indicios sólidos, los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Las diligencias practicadas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, que dirige el procedimiento judicial.
La investigación ha puesto de relieve la importancia del control y supervisión de las ayudas públicas, especialmente cuando se trata de subvenciones vinculadas al impulso económico y empresarial. En este caso, la actuación coordinada de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la UDAIFF permitió esclarecer unos hechos que se remontan a ayudas concedidas en 2022.
La Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha subrayado que este tipo de intervenciones forman parte de su labor en la lucha contra la delincuencia económica y en la protección de los intereses generales. La operación CAJU se ha desarrollado íntegramente en la ciudad y continúa en el ámbito judicial para determinar todas las responsabilidades derivadas de los hechos investigados.
