Las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil han expresado su rechazo al Real Decreto 67/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al considerar que la nueva regulación de la incapacidad temporal supone un “recorte de derechos” y consolida un agravio comparativo con respecto al resto de empleados públicos. Ante su inminente entrada en vigor el próximo 26 de febrero, las organizaciones han solicitado formalmente al ministro del Interior la convocatoria urgente de un Pleno Extraordinario del Consejo de la Guardia Civil.
En un comunicado conjunto fechado en Madrid el 18 de febrero, los vocales de las asociaciones en el Consejo anuncian un frente común para exigir soluciones inmediatas. El principal motivo de la protesta es la eliminación de facto de los cuatro días de indisposición de los que sí disponen otros funcionarios públicos para recuperarse de dolencias leves sin penalización. Según el texto, mientras policías, sanitarios o docentes mantienen ese derecho, en la Guardia Civil desaparece, lo que, a juicio de las asociaciones, sitúa a los agentes en una posición de desventaja.
El comunicado sostiene que la norma aprobada menciona que “se podrán tener en cuenta” hasta cuatro días, pero advierte de que esa previsión no tiene reflejo práctico. Las asociaciones subrayan que no se ha modificado la Orden General de incentivos al rendimiento, por lo que cualquier indisposición implicará, desde el primer día, una merma económica directa en la nómina del guardia civil. Recuerdan además que, durante los trabajos de tramitación del real decreto, la Administración se comprometió a adoptar medidas para que la eliminación de los días de indisposición no conllevara una discriminación económica respecto al resto de funcionarios. Según denuncian, ese compromiso no se ha cumplido.
Más allá del impacto retributivo, las organizaciones alertan de problemas en la gestión sanitaria derivados de la falta de medios. El comunicado señala que más de 25 Comandancias carecen de médico, lo que genera incertidumbre sobre cómo se tramitarán las bajas médicas en aquellas unidades sin servicio sanitario activo. Las asociaciones cuestionan cómo se podrá aplicar un sistema burocrático más estricto si no existen los recursos necesarios para gestionarlo con garantías.
También recuerdan que se anunciaron licitaciones para reforzar la cobertura médica que, según indican, aún no se han materializado. A su juicio, esta situación deja a los agentes en un “limbo jurídico y sanitario” que puede afectar a la operatividad y, en consecuencia, al servicio que se presta a la ciudadanía.
En el orden del día propuesto para el pleno extraordinario solicitado al Ministerio del Interior, las asociaciones reclaman dos puntos concretos: transparencia sobre el despliegue real del servicio médico y la modificación inmediata de la normativa de incentivos para garantizar que los cuatro días de indisposición no supongan pérdida retributiva.
Con esta iniciativa conjunta, las organizaciones representativas del Cuerpo insisten en que la regulación de la incapacidad temporal no puede traducirse en una merma de derechos laborales ni en un trato diferenciado respecto a otros empleados públicos, especialmente en lo que afecta a la salud laboral y a la protección económica de los agentes.
