La diputada nacional del Partido Popular por Melilla, Sofía Acedo, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de 14 preguntas para exigir explicaciones “urgentes” al Ministerio del Interior por los graves incidentes ocurridos el pasado 6 de febrero en el Centro Penitenciario de la ciudad. La iniciativa parlamentaria también solicita aclaraciones a la Delegación del Gobierno en Melilla ante lo sucedido.
Según recoge la nota de prensa difundida por el PP, la diputada considera que los hechos, denunciados por los sindicatos de trabajadores por su extrema gravedad, no pueden quedar sin una explicación detallada. Acedo sostiene que lo ocurrido “merece una explicación detallada y no puede pasar sin pena ni gloria”, en referencia a la versión oficial inicial que calificó los acontecimientos como un incidente puntual y sin gravedad.
De acuerdo con la información trasladada por las organizaciones sindicales, los sucesos distarían de esa primera valoración oficial. Los representantes de los trabajadores denuncian que durante varias horas se produjo una situación de alta conflictividad en el centro penitenciario, con amenazas graves a funcionarios, daños materiales, sabotajes en instalaciones, inundaciones provocadas y un clima de pérdida de control que, según señalan, puso en riesgo la integridad física y psicológica del personal.
Ante esta aparente contradicción entre la versión oficial y la trasladada por los sindicatos, el Partido Popular considera “imprescindible” esclarecer la cronología exacta de los acontecimientos, su verdadera gravedad y la gestión operativa de la crisis. Entre las cuestiones registradas en el Congreso, el PP pregunta por la duración de los incidentes, los módulos afectados y el número de internos implicados.
La batería de preguntas también solicita información sobre si se produjeron amenazas directas contra funcionarios o sus familias y, en su caso, qué medidas de protección se han activado. Asimismo, reclama datos sobre el número de trabajadores que pudieron resultar afectados física o psicológicamente y las medidas de apoyo ofrecidas desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
En el plano material, el Grupo Parlamentario Popular pide que se detallen los daños registrados en las instalaciones y su estimación económica, así como las medidas adoptadas para garantizar la seguridad tras los incidentes. Además, plantea cuestiones relativas a la situación estructural del centro, como la ratio actual de funcionarios por interno y si el Gobierno tiene previsto reforzar la plantilla, especificando en qué plazo y en qué número.
La iniciativa parlamentaria también aborda la disponibilidad de medios materiales y de seguridad para hacer frente a incidentes de alta conflictividad, así como los protocolos de actuación existentes ante motines o alteraciones graves del orden y si estos han sido revisados tras lo ocurrido el 6 de febrero.
Acedo ha subrayado igualmente la necesidad de reforzar la protección de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, mejorar sus condiciones laborales y avanzar en su reconocimiento como agentes de la autoridad. En este sentido, el PP pregunta expresamente si el Gobierno tiene previsto reconocer a estos profesionales como tales y qué medidas contempla para mejorar su protección jurídica, retributiva y en materia de prevención de riesgos laborales.
La diputada popular enmarca lo sucedido en Melilla en un contexto más amplio, al señalar que estos hechos se suman a otros episodios recientes registrados en distintos puntos del país. En el comunicado, defiende que la ciudad “merece respuestas claras, medidas concretas y asunción de responsabilidades en su caso”, e insiste en que proteger a quienes garantizan la seguridad en las prisiones es una obligación del Estado.
Con el registro de esta batería de preguntas, el Partido Popular asegura que pretende trasladar su apoyo y solidaridad a los trabajadores del Centro Penitenciario de Melilla y reclamar transparencia sobre lo ocurrido y sobre la actuación desarrollada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno tras los incidentes del pasado 6 de febrero.
