Laura Segura, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Melilla, ha subrayado la importancia de la coordinación entre instituciones para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género. Lo hizo durante una entrevista en Televisión Melilla, en la que destacó la eficacia del sistema español de protección y su funcionamiento en el ámbito local.
Actualmente, Melilla cuenta con 231 mujeres con protección policial activa dentro del sistema VioGén, muchas de ellas acompañadas de menores que también reciben protección. Esta cifra, según Segura, “a menudo pasa desapercibida para la ciudadanía”, pero refleja una realidad compleja y que requiere una intervención constante y especializada.
La responsable de la Unidad explicó que el sistema VioGén permite que todas las administraciones implicadas, judicial, policial, social, sanitaria y educativa, estén interconectadas. Esto posibilita una atención integral y una respuesta coordinada, adaptada a la evolución del riesgo en cada caso. “El sistema judicial, el sistema policial, los servicios sociales especializados y el ámbito sanitario están todos conectados para activar alertas, aumentar niveles de riesgo o hacer que descienda cuando la protección está siendo efectiva”, indicó.
En el caso particular de Melilla, Segura resaltó la cercanía entre instituciones como un factor que favorece la inmediatez en la respuesta. “No creo que haya día que no se hable con alguna parte del eslabón”, afirmó, haciendo alusión al contacto constante con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y otras entidades que intervienen en la atención a víctimas.
Además, insistió en la necesidad de intervenir incluso cuando no existe una denuncia previa. Muchas mujeres, aseguró, no están preparadas para iniciar un procedimiento judicial, pero sí buscan ayuda a través de servicios sociales o entidades especializadas. “Tenemos que llegar a ellas, aunque no hayan pasado por el sistema”, explicó.
Para ello, subrayó la importancia de recursos como las casas de acogida, las acreditaciones administrativas de violencia de género, el acceso a ingresos, planes de empleo, y una atención psicológica y social adecuada. Todos ellos forman parte del abanico de apoyos que pueden activarse desde los distintos niveles de la administración pública.
En materia de prevención y atención, Segura valoró especialmente la formación especializada de los profesionales implicados, a la que calificó como “fundamental” para ofrecer una atención eficaz y sensible. Recalcó que en muchas ocasiones los profesionales no reciben formación en igualdad durante su etapa universitaria, lo que obliga a reforzarla desde la administración pública en todos los ámbitos: judicial, policial, social y sanitario.
También puso en valor los Puntos Violeta, definidos como espacios seguros donde las mujeres pueden sentirse protegidas y acompañadas. En Melilla, recordó, toda la Administración General del Estado ha sido declarada Punto Violeta y su personal ha recibido formación específica para la atención a víctimas.
Aunque reconoció los avances logrados, Segura advirtió que aún persisten retos importantes, especialmente en lo referente a la infradenuncia. Solo se denuncia alrededor del 25% de los casos de violencia de género y apenas el 8% en casos de violencia sexual. “Los datos no nos muestran ni la mínima punta del iceberg de lo que verdaderamente está sucediendo”, alertó.
Pese a ello, valoró positivamente el aumento de llamadas al 016, las denuncias y las peticiones de ayuda, que en su opinión reflejan “una mayor conciencia y una mayor confianza en el sistema”. Finalmente, destacó que el modelo español constituye un referente a nivel internacional, aunque advirtió que es necesario seguir avanzando en prevención, atención integral y coordinación institucional para no dejar a ninguna víctima atrás.
