El 24 de enero se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Educación, una efeméride proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018 (Resolución 73/25) con el fin de reconocer el papel fundamental que desempeña la educación como derecho humano, bien público y responsabilidad colectiva. Esta jornada subraya la importancia de garantizar el acceso universal a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como de fomentar oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas.
En 2026, la UNESCO celebra este día bajo el lema «El poder de la juventud en la co-creación de la educación», una consigna que sitúa a los jóvenes como protagonistas de los procesos de transformación educativa en un momento de especial incertidumbre y desafíos múltiples a nivel global.
Según la UNESCO, actualmente 250 millones de niños y jóvenes en todo el mundo están fuera de la escuela y 763 millones de personas adultas son analfabetas, una situación que constituye una violación grave de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo sostenible. “Es inaceptable”, afirma la organización. En este contexto, el Día Internacional de la Educación no solo busca celebrar los avances, sino también llamar la atención sobre la urgencia de transformar los sistemas educativos para responder a los retos del siglo XXI.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
La educación ocupa un lugar destacado como Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (ODS 4) de la Agenda 2030, que establece como meta garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo se desglosa en 10 metas específicas, que abarcan desde el acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria, hasta la enseñanza técnica y profesional, la igualdad de género en la educación, la alfabetización universal, la mejora de la calidad docente y la creación de entornos educativos seguros e inclusivos.
Pese a los avances, el último informe Scorecard 2025 de seguimiento del ODS 4, publicado por la UNESCO, alerta de que muy pocos países están en camino de cumplir las metas educativas para 2030. En muchos casos, los progresos son lentos o se han estancado. Entre los obstáculos más recurrentes se identifican la falta de financiación pública adecuada, la brecha digital, la desigualdad de género, los desplazamientos forzosos causados por conflictos armados, el impacto del cambio climático en la infraestructura educativa y la necesidad de adaptar los sistemas educativos a nuevas realidades tecnológicas y laborales.
En este sentido, el Informe GEM 2026 (Global Education Monitoring Report) que se presentará próximamente se centrará en la equidad y el acceso a la educación, dos ejes fundamentales que requieren una atención urgente. El informe preliminar destaca que en múltiples regiones del planeta los niños y niñas de familias con bajos ingresos, zonas rurales o grupos minoritarios siguen teniendo un acceso limitado o de baja calidad al sistema educativo, lo que reproduce y profundiza las desigualdades estructurales.
Educación como protección y motor de igualdad
Desde una perspectiva complementaria, UNICEF subraya que la educación no solo es clave para adquirir conocimientos, sino que también protege a los menores frente al trabajo infantil, la explotación, el matrimonio forzado o el reclutamiento por grupos armados. Además, permite acceder a servicios básicos como salud, alimentación y protección social. Sin embargo, las crisis humanitarias, los conflictos prolongados y las emergencias climáticas siguen dejando fuera de la escuela a millones de niños y niñas. La agencia de Naciones Unidas enfatiza que cada niño debe tener derecho a aprender, desde la primera infancia hasta la adolescencia, y que ningún factor —ni económico, ni geográfico, ni de género— debe limitar ese derecho.
En la misma línea, Save the Children señala que la educación salva vidas y reduce las probabilidades de que los menores sufran violencia, abusos o marginación. Su análisis destaca que el número de niños sin escolarizar ha aumentado desde 2015, una tendencia preocupante que compromete la consecución de los ODS. En contextos de emergencia o desplazamiento, como guerras o crisis climáticas, la educación suele ser la primera necesidad que se suspende y la última que se restablece. La organización reclama un aumento significativo de la inversión internacional en educación como herramienta de prevención de crisis, desarrollo de capacidades y construcción de paz.
Informes nacionales
En el caso de España, los datos recogidos en el Informe REDS-SDR 2025 elaborado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible revelan una evolución positiva en varios indicadores clave vinculados al ODS 4. La tasa de participación en aprendizaje organizado preescolar entre los 4 y 6 años se sitúa en el 98,53 %; la tasa neta de matriculación en educación primaria alcanza el 98,71 %; y el índice de finalización de la educación secundaria es del 95,1 %. Asimismo, la alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años alcanza el 100 %, lo que demuestra un alto nivel de cobertura del sistema educativo.
Sin embargo, el informe también alerta de importantes desafíos pendientes. Entre ellos, destaca que el rendimiento matemático del alumnado de 15 años —según el último informe PISA— está estancado, con una puntuación media de 477,33, por debajo del umbral óptimo de 525,6. Además, el 27,31 % del alumnado presenta bajo rendimiento en matemáticas, y un 14,2 % de la variación en resultados se explica por el nivel socioeconómico del estudiante, lo que pone de relieve la persistencia de desigualdades estructurales que afectan al aprendizaje.
La Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024 recoge también datos significativos: el abandono escolar temprano se ha reducido al 13 %, el nivel más bajo de la serie histórica, y el 52,6 % de la población entre 25 y 34 años ha alcanzado estudios superiores, una cifra por encima de la media europea (44,2 %). No obstante, persisten disparidades entre comunidades autónomas y grupos sociales, lo que exige medidas específicas de equidad educativa.
Radiografía local
En Melilla, la realidad educativa presenta acentos propios que reflejan tanto los esfuerzos como las carencias del sistema público. La ciudad autónoma, donde las competencias educativas no están transferidas y dependen directamente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, atiende a más de 23 000 estudiantes con cerca de 2 000 docentes. A pesar de los recursos desplegados, la convivencia de un alto volumen de alumnado, diversidad cultural y necesidades específicas sigue planteando retos diarios.
Recientemente, la Delegación del Gobierno en Melilla y la Dirección Provincial de Educación han iniciado una ronda de visitas institucionales a los centros educativos para reforzar el diálogo con la comunidad educativa, evaluar infraestructuras y recoger propuestas de mejora desde los propios equipos directivos y docentes. Durante la primera de estas visitas, las autoridades destacaron que la educación pública en la ciudad es un eje estratégico y reiteraron el compromiso con la mejora progresiva de la calidad educativa, basándose en tres pilares: infraestructuras más modernas, mejores recursos materiales y mayores recursos humanos en los centros. Destacaron el aumento de profesionales y la reducción de ratios de forma progresiva.
En Melilla, la educación pública sigue siendo el eje vertebrador de la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el desarrollo personal de miles de alumnos y alumnas. Sin embargo, su sostenibilidad está cada vez más condicionada por limitaciones estructurales, que docentes y sindicatos califican como persistentes y crecientes. Aulas saturadas, falta de apoyos especializados, escasez de personal y sobrecarga profesional conforman un escenario que, lejos de resolverse, tiende a agudizarse con el tiempo.
Desde el sindicato SATE-STEs, con amplia representación en los centros educativos de la ciudad, insisten en que la escuela pública funciona por el esfuerzo extraordinario del profesorado, pero no por el apoyo estructural que debería recibir. Alertan de un sistema que, pese a su papel clave, opera por debajo de los estándares necesarios en ratios, personal de apoyo, estabilidad en las sustituciones y planificación adaptada a la realidad local.
Uno de los aspectos que más preocupa al sindicato es la situación de los alumnos con necesidades educativas específicas, que en muchos casos no disponen del acompañamiento profesional que requieren. Aulas con 25 o más alumnos, en las que conviven varios perfiles con TEA, TDAH u otras necesidades, son frecuentes, y muchas veces se atienden sin PTIS, sin especialistas, sin desdobles ni refuerzos. “No se puede hablar de inclusión cuando no se dan las condiciones para aplicarla”, afirman desde SATE. Además, advierten que la falta de personal también impide aplicar metodologías activas, personalizar la enseñanza o prevenir el fracaso escolar.
A esto se suma una denuncia recurrente: los procesos de sustitución de bajas o ausencias tardan más de lo debido, generando sobrecarga interna entre el profesorado de los centros, que tiene que reorganizarse constantemente para cubrir carencias. “El sistema se mantiene porque los docentes se multiplican, pero eso tiene un coste humano que no siempre se ve”, insisten.
El relato de Maite, profesora de inglés con más de 20 años de experiencia en Melilla, ilustra este panorama con crudeza y realismo. Trabaja en aulas donde hay niños con trastorno del espectro autista y otras necesidades especiales, sin apoyos adicionales. “A veces, sólo puedes contener, pero no enseñar”, explica. Pese a ello, asegura que sigue preparando materiales, juegos, dinámicas y propuestas fuera del horario lectivo. “Me encanta mi trabajo. Por eso preparo todo en casa. Pero muchas veces, cuando llego al aula, no puedo usar nada de lo que he preparado. No hay condiciones. Te frustra, te agota”.
Maite no sólo enseña en el colegio. Por las tardes, trabaja en su academia privada, y por las noches, sigue corrigiendo y planificando. “Es vocación, sí. Pero eso no puede ser excusa para normalizar que trabajemos sin apoyos, sin medios, sin respaldo. No queremos héroes, queremos condiciones”, resume.
Desde su perspectiva, el mayor desgaste no es físico, sino emocional. “Nos sentimos poco escuchados. No es sólo cuestión de más horas o más carga. Es que, en estas condiciones, el alumnado no avanza como podría. Y eso duele. Porque sabemos lo que podríamos dar… y no podemos”, lamenta.
Por su parte, el sindicato ANPE Melilla coincide en el diagnóstico estructural y añade otros factores que considera claves para entender el malestar creciente del profesorado. En su valoración por el Día Internacional de la Educación, ANPE destaca que, aunque se han dado algunos avances, la pérdida progresiva del atractivo de la profesión docente es alarmante. Apuntan a causas como el escaso reconocimiento institucional, las dificultades para desarrollar clases en condiciones adecuadas, la falta de recursos y, especialmente, el aumento de situaciones de conflictividad en los centros.
Una de sus denuncias más contundentes apunta a las agresiones verbales y físicas que algunos docentes sufren, especialmente en Secundaria, lo que genera inseguridad, estrés y desmotivación. “El aula debería ser un espacio de aprendizaje y respeto. Pero muchos docentes acuden al trabajo con ansiedad, sabiendo que pueden enfrentarse a situaciones muy duras sin respaldo suficiente”, indican.
A esto suman la pérdida de poder adquisitivo del profesorado en los últimos años, lo que consideran un deterioro silencioso de las condiciones laborales que dificulta atraer y retener vocaciones. “Cada vez es más difícil encontrar docentes que quieran quedarse. La inestabilidad, el exceso de carga y el trato que recibimos hacen que muchos renuncien”, subrayan desde ANPE.
Ambos sindicatos coinciden en que apostar por la educación en Melilla no es un eslogan: es una exigencia de justicia social. Reclaman una planificación educativa específica para la ciudad, que reconozca su singularidad geográfica, cultural y social, y que venga acompañada de medidas estructurales: plantillas reforzadas, ratios reducidas, protocolos de protección al profesorado, refuerzo real a la inclusión y mejora de infraestructuras.
También exigen que el profesorado sea reconocido y protegido, no sólo en el discurso, sino en las condiciones reales de trabajo. “Cuidar a quienes educan es esencial para mejorar la escuela pública”, recuerdan.
En este contexto, el Día Internacional de la Educación no se vive como un día de celebración, sino como un momento de reivindicación urgente. Para sindicatos y docentes, los discursos deben traducirse en hechos: más recursos, más compromiso político y un modelo educativo que no dependa de la entrega personal de quienes están en primera línea, sino que garantice, desde lo público, las condiciones para enseñar, aprender y convivir en dignidad.
