El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha publicado una licitación para garantizar la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a las mujeres residentes en Melilla. Esta medida busca dar respuesta a una situación excepcional en el sistema público de salud: en la ciudad autónoma no se puede abortar en la sanidad pública porque el 100% de los ginecólogos del Hospital Comarcal se acogen al derecho a la objeción de conciencia.
El contrato tiene un presupuesto base de 21.600 euros para los dos próximos años, con posibilidad de prórroga por otros dos. El anuncio, disponible en la Plataforma de Contratación del Estado, detalla que el servicio se prestará en centros sanitarios autorizados ubicados fuera de Melilla, debido a la imposibilidad de realizar las intervenciones dentro de la propia ciudad.
De esta forma, el Ingesa habilita un sistema para derivar a las pacientes a clínicas acreditadas en otras comunidades autónomas, donde recibirán tanto el procedimiento como la atención previa y posterior, incluyendo el seguimiento clínico. El objetivo es asegurar que cualquier mujer que lo solicite pueda acceder a este derecho en condiciones de seguridad, legalidad y equidad, tal como establece la legislación vigente.
La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre la IVE en los plazos establecidos, y obliga al sistema nacional de salud a garantizar el acceso efectivo a este servicio. La misma norma también contempla el derecho del personal médico a la objeción de conciencia, pero exige a las autoridades sanitarias asegurar que este derecho individual no impida la prestación del servicio.
En el caso de Melilla, tal como ha informado El Faro de Melilla, ninguna mujer puede acceder actualmente al aborto en el Hospital Comarcal, ya que todos los profesionales del área de Ginecología son objetores. Esto ha generado una situación de vacío asistencial que ha obligado durante años a derivar a las pacientes a otras regiones. La reciente licitación busca formalizar este procedimiento y evitar que las mujeres se enfrenten a obstáculos administrativos, incertidumbre o retrasos innecesarios.
Según recoge Redacción Médica, el contrato se centrará en asegurar que la atención se brinde “en las mejores condiciones sanitarias y asistenciales”, para lo cual se concertará con clínicas especializadas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. También se espera que el proveedor adjudicatario del servicio coordine los desplazamientos, atención personalizada y seguimiento de cada caso.
La decisión del Ingesa pone de relieve el complejo equilibrio entre el derecho individual de los profesionales a no participar en abortos por razones de conciencia, y el derecho de las pacientes a recibir atención en un procedimiento legal, seguro y gratuito. La situación de Melilla no solo es excepcional en el conjunto del Estado, sino que también ha sido motivo de críticas por parte de organizaciones feministas y colectivos que defienden los derechos sexuales y reproductivos.
Aunque no se han producido declaraciones públicas del Ingesa hasta el momento, la licitación supone un paso significativo para asegurar la cobertura sanitaria completa a las mujeres melillenses. Además, evidencia la necesidad de que las administraciones sanitarias articulen soluciones eficaces cuando el ejercicio de la objeción de conciencia pone en riesgo el acceso real a derechos reconocidos por ley.
La puesta en marcha de este contrato será clave para observar si se logra resolver de manera estable el vacío asistencial existente en Melilla en materia de IVE. También servirá como ejemplo de cómo las instituciones públicas pueden responder ante situaciones de bloqueo total en servicios esenciales, asegurando que ninguna mujer quede excluida del sistema por falta de profesionales dispuestos a intervenir.
Genial por el INGESA.Mrnls mal que tenemos un gobierno de concentración progresista.