La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha expresado su rechazo frontal a la nueva prórroga del llamado “Escudo Social”, impulsado por el Gobierno y vigente desde marzo de 2020. A través de un comunicado oficial, la organización denuncia que esta medida, concebida inicialmente como una herramienta de protección social durante la emergencia sanitaria, se ha convertido en un mecanismo que favorece la ocupación ilegal de viviendas y la permanencia de inquilinos que dejan de pagar la renta amparados en la vulnerabilidad.
El colectivo critica que, tras seis años de aplicación, el decreto ha dejado de cumplir su propósito original y, en cambio, ha generado una situación de creciente indefensión para miles de pequeños propietarios en toda España. Según la Plataforma, el 93,4% del mercado del alquiler está compuesto por arrendadores con una única vivienda, personas que ahora se ven obligadas a asumir el coste económico y emocional de políticas que consideran mal diseñadas y peor ejecutadas.
“La medida ha degenerado en un coladero que legitima tanto a los okupas como a los inquiokupas, quienes aprovechan los vacíos legales del decreto para instalarse impunemente en propiedades ajenas”, ha denunciado Ricardo Bravo, portavoz del colectivo. La organización considera especialmente grave el hecho de que el Gobierno haya transferido su responsabilidad de proteger a las familias vulnerables hacia ciudadanos particulares, convirtiéndolos en un eslabón forzado del sistema de bienestar social.
El comunicado alerta también sobre el desgaste emocional y económico que esta situación está provocando en los propietarios, muchos de los cuales dependen de esa única vivienda para completar su sustento. La imposibilidad de recuperar sus inmuebles, el coste acumulado de suministros impagados y el daño a su estabilidad financiera, se suman a una sensación generalizada de abandono institucional. Desde la Plataforma se señala que el decreto ha dado lugar a una “legalización encubierta” de la okupación y la morosidad, al tiempo que se perpetúa en el tiempo sin ofrecer alternativas reales.
Además, acusan al Ejecutivo de escudarse en la excepcionalidad de la medida para mantenerla indefinidamente, incluso cuando las condiciones que motivaron su creación ya no se sostienen. Para la Plataforma, este modelo de gestión refleja una dejación total de funciones por parte del Estado, que ni garantiza soluciones habitacionales dignas para los vulnerables ni protege los derechos legítimos de quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y legales.
En respuesta a esta situación, el colectivo plantea una serie de propuestas orientadas a sustituir la prórroga del decreto por un sistema de protección más justo y eficaz. Entre sus planteamientos destaca la creación de un fondo estatal gestionado por las comunidades autónomas para cubrir de manera inmediata el alquiler y los suministros de las familias vulnerables, la puesta en marcha de un protocolo de intervención rápida por parte de los servicios sociales y el refuerzo del personal destinado a evaluar casos de vulnerabilidad.
La Plataforma también exige a la recién creada entidad pública Casa 47 que asuma un papel activo y real en la búsqueda de soluciones habitacionales, de forma que los ciudadanos no sigan pagando con sus propiedades la falta de recursos o voluntad política.
En palabras del portavoz Ricardo Bravo, “lo que nació como una protección necesaria se ha convertido en un atajo legal para quienes vulneran el derecho a la propiedad con total impunidad”. La organización insiste en que es el Gobierno quien debe asumir su papel como garante del bienestar social, sin cargar su responsabilidad sobre quienes, lejos de ser grandes tenedores, apenas poseen una vivienda alquilada como sustento familiar.
