El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, ha salido públicamente al paso de las declaraciones realizadas en distintos programas de televisión y redes sociales sobre el cierre del local El Cielo, situado en el Puerto Noray.
"Desde el Gobierno no debemos pasar por alto que se difame de esa manera nuestra ciudad y al Gobierno de nuestra ciudad”, ha comenzado Marín, visiblemente molesto por el tratamiento mediático del caso.
El dirigente ha calificado esa información de “falaz, llena de mentiras” y ha recalcado que, a su juicio, es “injusto dañar la imagen de Melilla y señalar a un Gobierno sin tener motivos para ello”. Según ha explicado, sus declaraciones se refieren a “la información que sale en relación con el cierre provisional de un local en el puerto deportivo” y que, insistió, “está llena de errores, de inexactitudes y de mentiras”.
Marín ha subrayado que el Ejecutivo local se ha visto obligado a reaccionar para que “todos los melillenses tengan la información real de lo que allí ocurre”.
Un año de requerimientos y un local sin licencia de apertura
El vicepresidente primero ha enmarcado la situación de El Cielo en un expediente administrativo que se remonta, ha dicho, a “más de un año”. No se trataría, por tanto, de “una decisión de hace una o dos semanas”, sino de un procedimiento prolongado en el tiempo.
Según su versión, en el local se han venido desarrollando celebraciones y eventos “careciendo de licencia”, pese a los reiterados requerimientos de la Administración. “Durante todo este año se ha estado requiriendo, a través de la Policía Local y de los propios técnicos, que debían regularizar su situación porque ese establecimiento no disponía ni dispone de licencia de apertura”, ha afirmado.
Marín ha recordado que el establecimiento “ha sido clausurado provisionalmente en varias ocasiones” y que esos cierres se han levantado “de manera unilateral” por parte de quienes lo gestionan, algo que ha calificado de “totalmente irregular”.
“Llevamos ya más de un año”, ha insistido, recordando que la Administración no actúa “como elefante en cacharrería”, sino que primero informa, da plazos y exige documentación antes de llegar al cierre. Ese margen de tiempo, según ha remarcado, “se ha agotado”.
La seguridad de los usuarios, principal argumento del cierre
El vicepresidente primero ha enmarcado toda la actuación del Gobierno local en la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios de locales de ocio. Ha recordado tragedias recientes en discotecas y establecimientos recreativos en otros lugares, que han generado gran impacto mediático y social.
“Cuando se producen siniestros con víctimas en establecimientos de ocio, la primera pregunta que se hace todo el mundo es: ¿por qué han permitido que ese establecimiento sin licencia estuviese abierto?”, ha planteado. “Eso es lo que no queremos que ocurra”, ha añadido.
Marín ha asegurado que el Gobierno de la Ciudad “vela por la seguridad de las personas” y que, cuando un local “lleva más de un año apercibido de que no tiene licencia de apertura y no regulariza su situación”, la Administración se ve “obligada a cerrar el establecimiento, pero no por fastidiar a nadie”.
En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo está a favor del ocio nocturno y de la actividad hostelera: “Queremos que haya muchos establecimientos de ocio, porque generan actividad económica, empleo y servicios de diversión para los melillenses”. Como ejemplo, ha mencionado una convocatoria de ayudas de “más de dos millones de euros” destinada a mejorar instalaciones y servicios de los negocios de restauración y hostelería.
Sin licencia “de ningún tipo” y obras ilegales por legalizar
Uno de los puntos que Marín ha querido aclarar es el relativo a la situación administrativa concreta de El Cielo. Ha negado rotundamente que el local cuente con dos licencias o con una licencia de bingo aún vigente.
“Ese establecimiento no cuenta con ninguna licencia, ni dos ni una, ninguna. A día de hoy no hay ningún tipo de licencia, ni siquiera la inicial de bingo”, ha afirmado. Ha explicado que cualquier licencia de actividad empresarial decae si el local permanece más de seis meses sin actividad, por lo que esa antigua licencia “tampoco está en vigor”.
Cuestionado por posibles deficiencias que pudieran afectar a la seguridad de los clientes, Marín ha explicado que “ya no se trata de deficiencias”, sino de que “ni siquiera se ha iniciado el expediente completo de licencia de apertura”.
Además, ha añadido un elemento más: “En ese establecimiento se han realizado obras ilegales que deben legalizar”. El primer paso, ha dicho, es solicitar la legalización de esas obras ejecutadas “sin ningún tipo de licencia de obras”.
Pese a ello, el vicepresidente primero ha evitado ofrecer detalles técnicos concretos al amparo de que se trata de expedientes administrativos en curso, si bien ha insistido en que los melillenses “deben conocer la realidad general” del caso.
El Ejecutivo niega persecución y aporta contratos por más de 250.000 euros
En respuesta a quienes hablan de una “persecución” del Gobierno hacia los gestores del local, Marín ha sido tajante. Ha calificado esa acusación de “falaz” y “totalmente mentira” y ha recurrido a datos económicos para sostener su postura.
Este Gobierno, ha dicho, “ha concedido durante esta legislatura, en algo más de dos años, más de 20 contratos artísticos a estas personas”. El importe conjunto de esos contratos, según ha detallado, supera los 250.000 euros, procedentes de distintas áreas de la Administración local.
“Es insostenible que se manifieste que el Gobierno de la Ciudad está persiguiendo a estas personas. Los hechos hablan por sí solos”, ha enfatizado. Ha insistido en que se trata de contratos “recientes”, algunos de ellos de hace apenas un mes, para actuaciones dentro de su ámbito profesional.
Respecto a las afirmaciones vertidas en televisión sobre supuestas amenazas procedentes de miembros del Gobierno, Marín ha sido igual de rotundo: “Eso es totalmente falso. Nadie del Gobierno amenaza a nadie. Al contrario, se han dado todas las facilidades”.
