Somos Melilla ha presentado alegaciones formales ante la Asamblea contra la modificación del Reglamento del Gobierno y de la Administración (REGA), aprobada inicialmente en el Pleno del pasado 19 de noviembre con la mayoría del Partido Popular. La formación considera que la reforma incurre en graves irregularidades legales y éticas, al permitir la dedicación parcial de los miembros del Ejecutivo y abrir la puerta a su compatibilización con actividades privadas.
Jadu Driss, secretaria de Economía y Política Institucional de Somos Melilla, ha sido la encargada de registrar el escrito y denunciar públicamente lo que califica como “una auto-adjudicación de privilegios” por parte del Gobierno. Según ha explicado, la nueva norma no responde a una necesidad administrativa, sino a una maniobra que describe como un “traje a medida” para los actuales responsables políticos.
Uno de los principales argumentos de la impugnación reside en la nulidad de la votación, ya que ni el presidente ni los consejeros del Gobierno se abstuvieron, a pesar de que la reforma afecta directamente a su régimen laboral y retributivo. “Han sido juez y parte”, ha afirmado Driss, subrayando que la ley prohíbe expresamente participar en votaciones donde exista un interés personal directo.
El escrito también cuestiona la redacción del articulado, al considerar que no establece límites salariales claros para quienes opten por la dedicación parcial. “Nos dicen que van a permitir la compatibilidad, pero han redactado un artículo que es un cheque en blanco”, ha señalado Driss, reclamando que se aplique una proporcionalidad estricta. “Si trabajas la mitad, cobras la mitad”.
La formación alerta además del riesgo de conflictos de intereses, al permitir que un consejero pueda mantener negocios privados sin establecer medidas de control efectivas, como la obligación de abstenerse en expedientes que puedan afectar a sus empresas. “¿Qué pasaría si un consejero es dueño de una gasolinera y los camiones de limpieza viaria repostan en ella?”, ha planteado Driss como ejemplo ilustrativo.
Por otro lado, Somos Melilla critica el argumento esgrimido por el Ejecutivo, que defiende la reforma como una medida para atraer talento profesional. En opinión de la formación, si esa fuera realmente la intención, debería aplicarse a partir de la próxima legislatura y no beneficiar a quienes ya ocupan sus cargos.
“Melilla merece un Gobierno a tiempo completo, no a tiempo parcial”, ha concluido Driss, instando al Ejecutivo local a retirar la reforma y garantizar la transparencia y el compromiso total de los responsables públicos con la gestión institucional.
