Marín defiende la compatibilidad de los cargos públicos con actividades privadas

El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, ha respondido con contundencia a las declaraciones del diputado de Somos Melilla, Amín Azmani, quien se mostró sorprendido por la propuesta de modificar el reglamento de la Asamblea para permitir que el presidente, los consejeros y los viceconsejeros puedan compatibilizar su función pública con actividades privadas y para recuperar la figura de los cargos no electos en el Gobierno local. Marín acusó a Azmani de actuar con “demagogia” y le instó a “explicar primero” por qué, según afirmó, se ha apropiado indebidamente de dinero correspondiente al Grupo Mixto.

El vicepresidente primero señaló que las críticas de Azmani resultan poco creíbles “viniendo de un partido donde la demagogia impera en su forma de proceder”. En su respuesta, Marín afirmó que el diputado de Somos Melilla tiene una cuestión pendiente de aclarar antes de opinar sobre la reforma del reglamento: “Lo que debería hacer el señor Azmani es explicar por qué se ha apropiado de un dinero que no le corresponde”. Según relató, la asignación económica que recibe el Grupo Mixto debe repartirse proporcionalmente entre las formaciones que lo integran —Somos Melilla y Vox—, tal como establece el actual reglamento de la Asamblea. Sin embargo, Marín denunció que Azmani “lleva meses” quedándose con la parte que correspondería a Vox, pese a las reclamaciones reiteradas del portavoz de ese partido. “Que lo explique, porque a día de hoy todavía no ha devuelto ese dinero. ¿Por qué?”, preguntó.

Marín insistió en que este asunto está recogido claramente en la normativa vigente y que Azmani debería aclarar su actuación antes de intentar abrir debates que, según dijo, solo buscan confundir a la ciudadanía. “Deje de enredar y de generar conflictos. Responda primero sobre el dinero público que no ha devuelto”, reiteró.

En relación con la crítica de Somos Melilla acerca de la posibilidad de que los máximos cargos del Gobierno no tengan dedicación exclusiva, Marín defendió que se trata de una medida “razonable” y acorde con la práctica de otras administraciones. Explicó que permitir la compatibilidad entre la actividad pública y la privada no supone una merma en la dedicación institucional, sino una herramienta para atraer a profesionales con experiencia y trayectoria que, de otro modo, no podrían incorporarse al Gobierno de la ciudad.

“Si una persona tiene una segunda actividad y no tiene dedicación exclusiva, cobrará menos que quien sí la tenga. Es algo lógico”, afirmó. En su opinión, limitar el acceso a cargos de responsabilidad solo a quienes puedan dedicarse al cien por cien supone desaprovechar perfiles valiosos: “Esto se hace para abrir el abanico de posibilidades a gente brillante, profesionales con talento y experiencia que puedan aportar a la gestión pública”. Añadió que la ciudad saldría beneficiada de poder contar con ese talento y que, precisamente por ello, la flexibilidad no es una concesión, sino una inversión en capacidad de gestión.

Marín explicó que esta compatibilidad existe en otros territorios y que, aunque no conocía el detalle completo de la normativa en Andorra, sí confirmó que allí “existe compatibilidad entre lo público y lo privado”, lo que demuestra que no se trata de una idea excepcional ni impropia. Subrayó que la medida no busca favorecer a personas concretas, sino permitir que Melilla pueda nutrirse de profesionales que actualmente no podrían asumir responsabilidades públicas.

En cuanto a la recuperación de los consejeros y viceconsejeros no electos, Marín recalcó que no es una novedad ni un privilegio excepcional, sino un derecho recogido históricamente en el Estatuto de Autonomía de 1995. Recordó que la presencia de cargos no electos en el Ejecutivo “ha existido toda la vida” y que Melilla siempre ha contado con esa figura hasta que fue eliminada en la pasada legislatura. “No sería algo nuevo”, insistió, al explicar que incluso ayuntamientos sin rango de ciudad autónoma cuentan con esta posibilidad. A su juicio, Melilla, como territorio con estatuto propio, no solo puede, sino que debe recuperar ese derecho para fortalecer su capacidad de gestión.

Sobre los plazos de aplicación de la reforma reglamentaria, Marín aclaró que el objetivo es que las modificaciones puedan entrar en vigor inmediatamente después de su aprobación, de forma que puedan aplicarse desde ese mismo momento sin esperar a futuros mandatos. Explicó que solo las cuestiones relacionadas con los cargos no electos requieren una modificación del Estatuto de Autonomía, no del reglamento interno, por lo que estos aspectos no podrán incluirse en esta reforma concreta.

Marín concluyó insistiendo en que la reforma del reglamento no tiene como objetivo crear privilegios, sino “enriquecer la acción de gobierno” ampliando las posibilidades de incorporar perfiles profesionales de calidad. Reiteró que Azmani debería centrarse en explicar la gestión de los fondos del Grupo Mixto antes de cuestionar una reforma que, según afirmó, responde únicamente a criterios de eficiencia y mejora del funcionamiento institucional.