La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha aplaudido el informe emitido por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que insta a los Estados miembros, entre ellos España, a reconocer oficialmente la labor de policías y guardias civiles como una “profesión de alto riesgo”.
Esta clasificación, largamente reivindicada por AUGC, supondría el reconocimiento institucional del riesgo inherente al trabajo diario de los cuerpos policiales y abriría la puerta a medidas como la jubilación anticipada, protocolos de salud adaptados o escalas salariales diferenciadas.
El respaldo europeo llega tras la visita realizada por eurodiputados a Barbate (Cádiz) en mayo de 2025. La misión investigadora recabó testimonios, analizó la situación operativa de las fuerzas de seguridad y concluyó que existe una evidente “desventaja material” que afecta a los agentes.
El informe recoge, entre otros, el testimonio de la madre de Miguel Ángel González, uno de los dos guardias civiles fallecidos en Barbate en febrero de 2024, quien explicó que su hijo patrullaba en una embarcación de cinco metros de eslora cuando fue embestido por una narcolancha de 17 metros.
Aunque la tragedia de Barbate ha sido un catalizador para el debate, el contenido del informe del Parlamento Europeo va más allá del caso concreto y apunta directamente a la necesidad de que los Estados miembros de la UE reconozcan formalmente el riesgo que conlleva la profesión policial.
La AUGC destaca que la conclusión europea “respalda plenamente” lo que la asociación lleva años reclamando y supone un paso clave hacia una directiva europea que lo regule a nivel comunitario.
Además, el informe expresa preocupación por las posibles interferencias del Gobierno español durante la visita. Según el documento, varios eurodiputados detectaron “discrepancias” entre los datos proporcionados por las autoridades españolas y los entregados por asociaciones como la AUGC. Incluso se plantea la sospecha de que se pudiera haber ordenado la retirada de una patrullera para evitar que los parlamentarios comprobaran in situ las limitaciones de medios de los agentes.
El texto también propone que los ataques a agentes policiales pasen a ser considerados como “eurodelitos”, lo que supondría una mayor armonización en su tratamiento penal en toda la Unión Europea.
Mientras Bruselas avanza en el reconocimiento del riesgo que asumen policías y guardias civiles, en España la justicia ha confirmado recientemente el archivo definitivo de la causa contra los mandos responsables del operativo en el que murieron los dos agentes en Barbate.
La AUGC fue la única asociación que presentó denuncia penal por posible infracción de la normativa en prevención de riesgos laborales, pero su recurso fue desestimado. La asociación critica que “el sistema ha preferido protegerse”.
Esta organización, que es la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, recuerda que nació en la clandestinidad durante la Transición y ha liderado desde entonces la lucha por la modernización y la democratización del Cuerpo. En 2010 fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
El informe europeo llega justo cuando se cumple un año del suceso que conmocionó al país. Como recogió El Faro de Melilla en su cobertura conmemorativa, los agentes patrullaban en condiciones materiales muy inferiores a las de las embarcaciones empleadas por las redes criminales, un hecho que simboliza la precariedad estructural que AUGC lleva años denunciando.
La asociación valora que, mientras en España se archivan causas y se ignoran sus reivindicaciones, en Europa se les escucha y se pone el foco en garantizar condiciones dignas y seguras para quienes desempeñan una de las profesiones más exigentes y expuestas del servicio público.
