Nueva Melilla, a través de su portavoz Mohamed Bussian, ha denunciado públicamente la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que plantea, a partir de 2026, una subida progresiva de las cuotas de autónomos para los tramos superiores, llegando hasta un 2,5%. Esta medida forma parte del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que ha generado rechazo en diversos sectores, especialmente en territorios con condiciones económicas especiales como Melilla.
Bussian ha calificado la iniciativa como “una amenaza directa al pequeño comercio, los trabajadores autónomos y las microempresas locales”, señalando que estas ya operan bajo una presión estructural constante. “No estamos ante una simple dificultad coyuntural. Lo que sufren los autónomos en Melilla es una tormenta perfecta: mercado reducido, altos costes logísticos, caída de la demanda interna y el cierre prolongado de los flujos comerciales fronterizos”, ha explicado.
Según sus cálculos, un autónomo necesita facturar entre 2.200 y 2.500 euros mensuales solo para cubrir sus gastos, lo que le deja un beneficio neto que apenas ronda los 1.000 euros. Esto sin contar imprevistos o gastos extraordinarios. “Subir las cuotas en este contexto es empujar al abismo a quienes sostienen buena parte del empleo y el dinamismo económico de la ciudad”, ha advertido.
Además del impacto económico inmediato, el líder de Nueva Melilla ha alertado sobre las consecuencias sociales a medio y largo plazo. “Si seguimos en esta dirección, Melilla se verá condenada a una dependencia total de los subsidios públicos. Tendremos menos inversión privada, menor generación de riqueza local y una autonomía socioeconómica en retroceso. Eso no es desarrollo: es sometimiento social”, ha afirmado de forma tajante.
En ese sentido, ha puesto el foco en los riesgos de una “economía clientelar”, en la que el éxito empresarial no esté determinado por la competitividad o la eficiencia, sino por la cercanía con el poder político. “No se trata de que los autónomos no puedan adaptarse, sino de que compiten en desventaja frente a grandes corporaciones con recursos infinitos y normas diseñadas para otros contextos”, ha asegurado.
Nueva Melilla propone tres medidas concretas como alternativa: primero, que las cuotas se ajusten verdaderamente a los ingresos reales de cada autónomo y no a tramos genéricos que penalizan a quienes menos facturan; segundo, que se implemente un mecanismo fiscal específico para Melilla, que contemple sus singularidades como ciudad fronteriza con costes logísticos elevados; y tercero, que cualquier mejora en prestaciones sociales asociada a la subida sea efectiva y operativa para los más vulnerables.
El malestar del sector autónomo no se limita a Melilla. A nivel nacional, organizaciones como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) también han expresado su preocupación por el rumbo de las reformas. En declaraciones recogidas por elEconomista, Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha reclamado una prórroga de las actuales cotizaciones y ha confiado en el apoyo de los partidos políticos para frenar la implementación de estas medidas en su forma actual.
Bussian coincide en que las decisiones del Ejecutivo central deben adaptarse a la diversidad territorial del país y no aplicarse como si todos los rincones tuvieran la misma estructura productiva. “No podemos seguir copiando modelos que no entienden nuestra realidad. Melilla necesita medidas propias, diseñadas desde aquí, conociendo nuestras limitaciones y aprovechando nuestras potencialidades”, ha sentenciado.
Esta organización insiste en que esta batalla no es solo económica, sino también de dignidad: “Estamos defendiendo nuestra capacidad de vivir del trabajo, no de las ayudas”, concluyó el portavoz de Nueva Melilla.
