La Ciudad Autónoma de Melilla ya ha conseguido el traslado de tres menores migrantes acogidos en el sistema de protección, según han asegurado fuentes oficiales del Gobierno. Esta reubicación se produce después de haberse frustrado un primer intento y después de que el pasado 29 de agosto se decretara el mecanismo de contingencia impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia para descongestionar los centros desbordados en territorios como Ceuta y Melilla.
Actualmente, Melilla acoge a 169 menores, cifra que triplica su capacidad oficial de atención, que según el Ministerio es de solo 28 plazas. A partir de los 84 menores, el resto debería ser reubicado en otras comunidades, según el umbral establecido por el propio ministerio en este reparto solidario aprobado durante el verano.
La consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha detallado que en la última semana había cinco expedientes resueltos, pero ninguno pudo materializarse hasta ahora. El motivo es que dos de los menores ya habían cumplido la mayoría de edad, por lo que quedaron fuera del cupo. Un tercero fue descartado por errores en la documentación, mientras que los otros dos casos, aunque aprobados formalmente, todavía no se han ejecutado por cuestiones logísticas y de coordinación entre administraciones.
Mohamed ha señalado que los plazos fijados por el Ministerio para ejecutar estos traslados “no han sido consensuados” con las comunidades autónomas y resultan muy difíciles de cumplir, dadas las múltiples etapas que deben superarse en cada expediente. “No todos los factores implicados están bajo una misma administración. Hay pruebas que tardan en resolverse, traslados que deben cuadrarse con personal disponible… Es un procedimiento muy complicado”, advirtió la consejera.
Uno de los principales escollos en el proceso es la determinación de edad de los menores que llegan a Melilla sin documentación acreditativa. Para ello, se requieren pruebas médicas o de otro tipo que pueden tardar entre una y dos semanas en emitir resultados. Este tiempo de espera puede provocar retrasos encadenados, sobre todo si las entradas de menores son múltiples y simultáneas, lo que genera una acumulación de casos pendientes de resolución.
Además, una vez aprobado el traslado, la comunidad receptora debe ser notificada oficialmente a través de la Delegación del Gobierno y confirmar que tiene disponibilidad para recibir al menor. En paralelo, el centro de acogida debe coordinar internamente la logística del viaje, garantizando que haya un cuidador del propio centro disponible para acompañar al menor hasta su nuevo destino.
“Nos encantaría tener todo preparado en cuanto llegue la resolución, pero no se trata de hacer una maleta y marcharse. Es un niño. Requiere un proceso de adaptación y acompañamiento, lo más pausado posible”, subrayó la consejera. La cuidadora o el trabajador social que se encargue del acompañamiento debe estar disponible, tener turnos compatibles y realizar todo el proceso de forma segura.
Randa Mohamed también reconoció que este procedimiento, aunque necesario para aliviar la sobrecarga en Melilla, supone una enorme carga de trabajo tanto para la ciudad que envía como para la que recibe a los menores. “Al final, lo prioritario es asegurar que ese reparto sea seguro y que haya una protección absoluta al menor”, insistió.
Desde el Gobierno local confían en que en las próximas semanas sigan concretándose los traslados, una vez que las comunidades receptoras activen su respuesta administrativa y se pueda ejecutar toda la logística necesaria.
Mientras tanto, Melilla continúa desbordada. Con un sistema de acogida que multiplica por seis su capacidad oficial, la Ciudad Autónoma sigue a la espera de una solución efectiva que alivie la presión sobre sus recursos y permita garantizar una atención adecuada a los menores migrantes no acompañados que llegan a sus costas.
La Delegación del Gobierno, por su parte, ha señalado que fue este pasado miércoles cuando se llevó a cabo una reunión de coordinación para ultimar los detalles de la operación y garantizar el correcto desarrollo de los traslados. En el encuentro participaron la directora del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación, así como responsables de la Jefatura Superior de Policía, la Comandancia de la Guardia Civil, la Fiscal de Menores de Área de Melilla, la Dirección General del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma, la Policía Local y la médico forense titular.
Ante las últimas declaraciones del Vicepresidente primero del Gobierno, Miguel Marín, y de la Consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, la Delegación ha “lamentado profundamente” que éstos “no hablen con los técnicos, porque muestran una ignorancia y un desconocimiento absoluto del procedimiento y del estado de situación”.
Según afirman fuentes oficiales del Gobierno central, ni Mohamed ni Marín "tienen ni el mínimo interés, porque a pesar de estar invitados a las reuniones de coordinación, no asisten”. “Ahora, al no estar informados, ellos mismos quedan en evidencia delante de la ciudadanía melillense”.
La representación del Gobierno de España en nuestra ciudad ha subrayado que desde la Delegación continúan trabajando “con rigor, responsabilidad y sensibilidad” para dar cumplimiento al Real Decreto y garantizar la atención y protección de los menores migrantes no acompañados, “en un marco de cooperación institucional que requiere seriedad y compromiso por parte de todas las administraciones implicadas”.
