La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este pasado martes el compromiso del Ejecutivo con Ceuta y Melilla ante las críticas del Partido Popular, que acusa al Gobierno de estar desmantelando el régimen fiscal especial del que gozan ambas ciudades autónomas. “El apoyo ha sido siempre total”, aseguró Montero desde el Pleno del Senado, donde respondió a una pregunta formulada por la senadora popular por Melilla, Isabel Moreno.
Moreno cuestionó las decisiones recientes del Gobierno que, a su juicio, suponen un retroceso en los derechos fiscales y económicos de Ceuta y Melilla. En su intervención, afirmó que ambas ciudades “solo encuentran en el Gobierno un abandono permanente y varapalos”, señalando indicadores como la renta per cápita más baja del país, el alto desempleo juvenil, las inversiones que “nunca llegan” y el fracaso de la aduana comercial con Marruecos, que calificó de “pantomima”.
La senadora se centró especialmente en la limitación temporal de las bonificaciones a las cuotas patronales a la Seguridad Social, cuya vigencia está prevista hasta 2026. “Están desmantelando un derecho que venían disfrutando trabajadores y empresarios desde 2004”, afirmó Moreno, quien también denunció el bloqueo de cerca de 20 millones de euros en remanentes presupuestarios que podrían destinarse a inversiones sostenibles.
Ante estas afirmaciones, Montero rechazó tajantemente que exista intención alguna por parte del Gobierno de eliminar o debilitar el régimen fiscal especial. “¿Acaso alguien ha hecho un planteamiento de cambio de la fiscalidad de Melilla y Ceuta?”, replicó, para después enumerar los beneficios fiscales que siguen vigentes en ambas ciudades. Entre ellos, citó un 60 % de bonificación en el IRPF, un 75% en el impuesto sobre el patrimonio, un 50% en el impuesto de sociedades y un 99% en el de sucesiones y donaciones. Además, recordó que en Ceuta y Melilla no se aplica el IVA, sino un impuesto sobre la producción, los servicios y la importación con tipos reducidos del 0,5% al 10%.
Montero también destacó decisiones recientes del Consejo de Ministros como prueba del respaldo gubernamental, mencionando los 21,5 millones de euros aprobados la semana pasada para las plantas desalinizadoras de Ceuta y Melilla.
El régimen de bonificación a la Seguridad Social, sin embargo, sí fue muy limitado por el Gobierno y solo se relajó parcialmente por la presión política y social que se produjo en la ciudad. El propio presidente de Melilla, Juan José Imbroda, aseguró en su momento que la presión hizo cambiar el 50%, si bien solo se aplica a contratos indefinidos o de sustitución por baja médica con fecha de caducidad en 2026.
Sin embargo, desde el Gobierno se insiste en que no hay ninguna retirada de derechos ni desmantelamiento, sino una voluntad de mantener la singularidad fiscal y económica que reconoce la Constitución a las ciudades autónomas. “El compromiso con Ceuta y Melilla es firme y sostenido en el tiempo”, insistió Montero.
El debate en el Senado evidencia que la fiscalidad de Ceuta y Melilla continúa siendo un tema de alta sensibilidad política, con posiciones enfrentadas entre el Ejecutivo y la oposición, que busca visibilizar los problemas estructurales que afectan a ambas regiones. Mientras tanto, los empresarios y trabajadores de las dos ciudades siguen pendientes de la evolución del modelo de bonificaciones y de las inversiones prometidas por el Estado.
