El Partido Popular ha defendido este fin de semana en Murcia una política migratoria “ordenada, legal y mutuamente beneficiosa” durante una reunión de trabajo en la que participaron dirigentes de toda España. En este encuentro se aprobaron nuevas líneas estratégicas en materia de inmigración, una cuestión de gran importancia para territorios fronterizos como Melilla. Miguel Marín, secretario general del PP melillense, formó parte del grupo que respaldó esta declaración conjunta.
Durante su intervención, Marín denunció lo que considera un “modelo disfuncional” de gestión migratoria por parte del Gobierno central. Aseguró que este modelo “ha convertido la irregularidad en la vía más rápida de acceso al sistema”, lo que, según subrayó, debilita la cohesión social y la igualdad ante la ley. En este sentido, el PP se muestra partidario de modificar de raíz la actual política, con el objetivo de alinearla con las tendencias europeas y garantizar que la inmigración se rija por criterios legales, controlados y de beneficio mutuo.
Uno de los principales ejes de la propuesta es la defensa de unas fronteras “impermeables y seguras”. Marín insistió en la importancia de que el Estado recupere la capacidad de decidir “quién entra en el país y en qué condiciones”, destacando que el descontrol actual favorece situaciones de entrada irregular que suponen una presión añadida para los servicios públicos y sociales de comunidades como Melilla.
En línea con esta idea, el documento establece que “ninguna vía irregular debe ser más ventajosa que la legal” y tilda de “inadmisible” que los extranjeros que acceden al país sin respetar los cauces establecidos puedan obtener más beneficios que quienes sí lo hacen por la vía reglamentaria. La formación considera que esta distorsión del sistema genera frustración y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
El Partido Popular propone que la inmigración esté directamente relacionada con el esfuerzo, el trabajo y la integración de los migrantes. En concreto, plantea que la residencia de larga duración no se conceda automáticamente por el tiempo de estancia, sino que esté supeditada a la capacidad de subsistencia y a la contribución efectiva al sistema.
“Queremos vías legales, rápidas y claras para quienes deseen trabajar y cotizar”, indica el documento. Esta propuesta también contempla que las prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital, estén condicionadas a la búsqueda activa de empleo. “No puede ser que se premie con una paga a quienes llegan sin intención de integrarse ni trabajar”, lamentó Marín.
El dirigente melillense señaló que esta situación perjudica no solo al sistema, sino también a los muchos migrantes que sí cumplen con sus obligaciones y han contribuido al desarrollo de España durante las últimas décadas. “No podemos permitir que los abusos de unos pocos manchen la imagen del conjunto”, añadió.
Rechazo al reparto de menores
Marín también cargó duramente contra el reparto de menores migrantes no acompañados impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Afirmó que este proceso ha sido “totalmente arbitrario” y guiado por intereses políticos, al excluir a comunidades como Cataluña y el País Vasco, dos de las más ricas del país, mientras se imponen cuotas a otras regiones más tensionadas, como Baleares.
En el caso concreto de Melilla, el dirigente del PP advirtió de la saturación de los recursos de acogida y exigió que el Gobierno central asuma directamente la financiación y la atención de estos menores. Además, reclamó que se garantice la determinación de edad en todos los casos, para evitar irregularidades y proteger los derechos de los menores reales.
Otro de los puntos destacados de la propuesta del PP se refiere a la vinculación entre la permanencia legal en el país y el cumplimiento de la ley. Marín afirmó que los inmigrantes deben estar sometidos a las mismas normas que el resto de ciudadanos y que la comisión de delitos graves debe acarrear la pérdida inmediata de la residencia.
Asimismo, señaló que la reincidencia en delitos, aunque no sean considerados graves, tampoco puede ser compatible con la permanencia en España. “Hay que regular esta situación porque vemos cómo muchos de estos delitos son cometidos por inmigrantes irregulares y no tienen consecuencias”, indicó.
Esta propuesta del PP se enmarca dentro de una postura más amplia que el partido ha venido sosteniendo en los últimos meses, especialmente desde Melilla. Como ya expresó el propio Marín recientemente, el PP local ha exigido la convocatoria de elecciones generales ante lo que considera una falta de soluciones reales por parte del Gobierno central en temas como inmigración, seguridad y cohesión territorial.
Con esta nueva declaración, el PP busca reforzar su mensaje de firmeza, orden y legalidad en la gestión migratoria, apostando por una inmigración regulada que favorezca la integración y el desarrollo social, sin convertirse en una carga para el sistema.
