El Sindicato Unificado de Policía (SUP), sindicato mayoritario en la Policía Nacional, alerta de que, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 y fuentes policiales expertas, durante cuatro meses las pulseras de geolocalización utilizadas para proteger a víctimas de violencia de género funcionaron de forma deficiente. Esta situación dejó en riesgo a numerosas víctimas y dificultó el trabajo de la Policía Nacional, al impedir que los atestados contaran con las pruebas que habitualmente aportan estos sistemas.
Desde el SUP critican que el Ministerio de Igualdad llevó a cabo la licitación del nuevo sistema sin prever mecanismos de auditoría ni continuidad en un servicio tan sensible, provocando un grave fallo de seguridad. Además, recordamos que mientras se destinan por el Ministerio de Igualdad elevados presupuestos para financiar medios y formación en cuerpos autonómicos y locales, la Policía Nacional —que constituye la primera línea en la lucha contra la violencia de género— no recibe ningún apoyo económico en este ámbito.
La realidad en las UFAM (Unidades de Familia y Mujer) es, según el SUP, "insostenible", con casos en los que un solo policía atiende a más de cien víctimas, sin medios técnicos adecuados, sin formación obligatoria para todos los agentes y con plantillas desbordadas. Muchos policías se incorporan a estas unidades sin la especialización necesaria, debido a la falta de incentivos y reconocimiento institucional, lo que repercute directamente en la calidad del servicio prestado a las víctimas.
El SUP reclama responsabilidades por esta grave disfunción, exige la implantación de auditorías previas en futuras licitaciones y urge al Ministerio de Igualdad a garantizar la dotación de medios, efectivos y formación especializada para que la Policía Nacional pueda cumplir con eficacia su labor de protección frente a la violencia de género.
