La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha presentado una propuesta formal para modificar la Ley de Tropa y Marinería con el objetivo de facilitar la inserción laboral del personal militar profesional en los distintos cuerpos de bomberos, bomberos forestales y agentes medioambientales. La medida busca establecer un marco legal que respalde la reserva de plazas para este colectivo en convocatorias públicas a nivel autonómico y local.
La iniciativa ha sido difundida a través de una nota de prensa en la que se plantea la necesidad de que el Estado reconozca el papel que desempeñan muchos militares en situaciones de emergencia. Especialmente aquellos integrados en unidades como la Unidad Militar de Emergencias (UME), que colaboran habitualmente con servicios civiles en la extinción de incendios, rescates y desastres naturales.
Según ATME, aunque el personal militar cuenta con formación específica, experiencia operativa y gran capacidad de actuación en escenarios de crisis, su trayectoria no está valorada actualmente en los procesos selectivos de acceso a cuerpos civiles. La asociación denuncia que este vacío normativo impide una transición laboral justa para quienes finalizan su etapa en las Fuerzas Armadas, en especial a partir de los 45 años, cuando muchos deben abandonar la carrera militar por límite de edad.
La propuesta contempla la incorporación de dos nuevos puntos en el artículo 20 de la Ley de Tropa y Marinería, dentro del capítulo relativo al cambio de actividad profesional. En el primero, se propone que el Ministerio de Defensa promueva acuerdos con administraciones autonómicas y locales para reservar plazas a militares con más de cinco años de servicio. En el segundo, se plantea que esa reserva también se extienda a los reservistas de especial disponibilidad que estén percibiendo su asignación mensual en el momento de la convocatoria.
ATME recuerda que ya se han producido intentos anteriores para favorecer el acceso de militares a estas plazas, aunque algunos han sido anulados por la vía judicial. Entre ellos destacan el caso de la Diputación Provincial de Huesca en 2019 y la convocatoria del cuerpo de bomberos de la Ciudad Autónoma de Melilla en 2022. En esta última, a pesar de existir un convenio con el Ministerio de Defensa, la reserva de plazas fue suprimida en la siguiente convocatoria de 2023 tras la sentencia judicial.
En su momento, los bomberos de Melilla manifestaron públicamente que los militares debían participar en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes. Estas posturas, sostiene ATME, ponen de manifiesto la necesidad de una legislación estatal clara que dé cobertura jurídica a los acuerdos de colaboración entre Defensa y las administraciones.
Además de dirigirse al Ministerio de Defensa, la asociación ha remitido su propuesta a los diferentes grupos parlamentarios representados en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Su intención es que alguno de ellos asuma la iniciativa y la presente como Proposición de Ley para su debate en sede parlamentaria.
ATME subraya que esta modificación no solo beneficiaría a miles de militares altamente cualificados que quedan fuera del mercado laboral a los 45 años, sino que también reforzaría los servicios públicos de emergencia. “Las comunidades autónomas solo se acuerdan de los militares cuando los necesitan. Luego, se olvidan de ayudarlos a reincorporarse a la vida civil, desperdiciando toda la experiencia que han adquirido durante el servicio”, afirma la asociación.
La organización insiste en que esta medida no compromete la autonomía de las administraciones públicas, ya que los acuerdos seguirían siendo voluntarios, pero con una base legal sólida. De este modo, se garantizaría una continuidad profesional para el personal militar y se aprovecharía su formación para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias de los cuerpos civiles en todo el país.
