El Gobierno ha abierto un nuevo concurso público para contratar el servicio de supervisión y control del mantenimiento de los perímetros fronterizos y puestos de control que separan España de Marruecos en Ceuta y Melilla. La licitación se produce a pesar de que la actual adjudicataria, la empresa SGS Tecnos, tiene contrato en vigor hasta abril de 2026. Según la documentación oficial, el Ejecutivo pretende así garantizar la continuidad del servicio hasta 2028, con la posibilidad de una prórroga adicional que lo llevaría hasta 2030, un año después del actual mandato de Pedro Sánchez.
La inversión prevista, superior a 870.000 euros, contará con financiación europea y abarcará tanto las vallas perimetrales (de 8,7 kilómetros en Ceuta y 11 en Melilla) como los pasos fronterizos de El Tarajal y Beni Enzar. Estas infraestructuras, dotadas de sistemas de seguridad conectados a centros de mando, son consideradas por el Ministerio del Interior “imprescindibles para el control de la inmigración ilegal” en dos de los principales puntos de entrada de migrantes a España.
El contrato exigirá que la empresa adjudicataria disponga de personal técnico de forma permanente en ambas ciudades, con perfiles especializados en ingeniería y arquitectura. Entre sus funciones estarán la supervisión diaria de las instalaciones, la inspección de incidencias y la elaboración de informes y estudios para el órgano de contratación. El objetivo, según Interior, es asegurar que todos los sistemas “se encuentren permanentemente al máximo de su rendimiento” para responder a la presión migratoria y a los intentos de salto masivo registrados en los últimos años.
Controversia política
La licitación se produce en un contexto de creciente polémica por el uso de cámaras de videovigilancia fabricadas por la empresa china Hikvision en los perímetros fronterizos. Este proveedor, uno de los mayores fabricantes mundiales del sector, ha sido sancionado por Estados Unidos y señalado por organizaciones internacionales por su presunta implicación en violaciones de derechos humanos en China, especialmente en la región de Xinjiang.
El caso ha llegado al Parlamento Europeo, donde varios eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea que investigue si la utilización de esta tecnología en infraestructuras estratégicas es compatible con las normas de protección de datos y los principios de la Unión en materia de derechos humanos. También han pedido que se estudie la posibilidad de excluir de los procesos de contratación pública a empresas con antecedentes similares.
En España, el Partido Popular ha exigido que el Tribunal de Cuentas fiscalice todos los contratos suscritos con empresas tecnológicas chinas. La formación advierte de que la presencia de dispositivos de Hikvision en Ceuta y Melilla podría suponer un riesgo para la seguridad nacional y reclama transparencia en la adjudicación de estos contratos, cuestionando por qué no se optó por fabricantes europeos o de países aliados.
A finales de julio, El Faro de Melilla informó de que el PP ya había registrado una pregunta parlamentaria sobre el asunto. El Gobierno, sin embargo, evitó dar detalles sobre los criterios que llevaron a elegir a Hikvision, limitándose a afirmar que las instalaciones cumplen la legislación vigente. Esta falta de explicaciones ha alimentado la crítica de la oposición y ha contribuido a que el debate se internacionalice.
Mientras en Bruselas se analizan las implicaciones geopolíticas y éticas, y en España se estudia una posible investigación fiscalizadora, las cámaras continúan operativas. La combinación de una licitación que extiende el control fronterizo más allá del actual mandato y el uso de tecnología cuestionada por aliados internacionales convierte la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla en un asunto de alta tensión política.
La nueva adjudicación, más allá de su carácter técnico, se desarrolla bajo la sombra de una controversia que apunta tanto a la seguridad de las fronteras como a las relaciones diplomáticas con China, en un momento en el que la presión migratoria sigue siendo uno de los retos más delicados para el Gobierno.
